La escena lo dice todo. Carpas improvisadas junto a sedes dañadas por el propio sismo, forenses llegados desde Bogotá, filas de familiares esperando una respuesta que les permita despedirse. Así trabaja el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca el 10 de agosto de 2026.
Las cifras avanzan, aunque no todas coinciden. Según el balance que Medicina Legal entregó el jueves 13 de agosto a las 3:00 p. m., la entidad había recibido 250 cuerpos, identificado 228 de ellos —el 91% del total— y entregado 194 a sus familias. De las víctimas identificadas, 13 eran menores de edad, según esa misma fuente recogida por Infobae. En cambio, un reporte anterior de la revista Semana consignaba cifras distintas: 230 cuerpos recibidos, 205 identificados y 12 menores en el listado. La diferencia refleja, en parte, la velocidad con que evoluciona la emergencia y los distintos momentos de corte de cada balance; Hemisferio no puede establecer cuál de los dos registros es el definitivo.
Lo que sí está fuera de discusión es la magnitud del esfuerzo institucional. Algunas sedes del instituto resultaron dañadas por el sismo, lo que obligó a trasladar equipos y adecuar espacios alternativos para no interrumpir el servicio. Los forenses han trabajado durante horas extendidas, con el objetivo de dar respuesta a los deudos lo antes posible. La Fiscalía, por su parte, informó que varias de sus propias sedes sufrieron daños estructurales y debieron suspender la atención presencial, derivando a los ciudadanos hacia canales virtuales.
El acompañamiento psicosocial forma parte del protocolo. Junto con los equipos de identificación forense, personal especializado asiste a los familiares durante el proceso de entrega de cuerpos, un detalle que habla de la dimensión humana que el Estado intenta sostener en medio del caos.
Los detalles cuentan la historia. El alcalde de Bahía Solano, uno de los municipios golpeados, agradeció públicamente los mensajes de solidaridad tras la muerte de su hijo de seis años durante el terremoto, según informó Infobae. La imagen condensa lo que ningún balance estadístico puede capturar del todo: detrás de cada número hay una familia, un nombre, una despedida pendiente.
Mientras tanto, en las zonas afectadas se habilitaron puntos de conectividad satelital en Valle del Cauca, Caldas y Chocó para restablecer las comunicaciones, y la Dimayor suspendió nuevamente la reanudación del fútbol profesional colombiano como gesto de duelo nacional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia enfrenta una emergencia que pone a prueba no solo la capacidad logística del Estado, sino su coherencia institucional. La respuesta de Medicina Legal —con sedes dañadas, equipos desplazados y cifras que aún se actualizan hora a hora— ilustra tanto la resiliencia de sus funcionarios como las fragilidades estructurales de un aparato público que opera bajo presión extrema. La pregunta que queda abierta no es solo cuántos cuerpos han sido identificados, sino con qué recursos sostenidos cuenta el Estado colombiano para responder a catástrofes de esta escala sin improvisar carpas donde debería haber infraestructura. El contribuyente y, sobre todo, las familias en duelo merecen esa respuesta.
