La maquinaria se fue a las cuatro de la tarde del 20 de julio. No hubo explicación. Mariuth Arenas la vio alejarse y supo lo que significaba: su sobrino, José David Vera Arenas, seguiría bajo los escombros de las Residencias Solmarino Garden 2, en Playa Grande, La Guaira.
Ella sabe dónde está él. El vigilante del edificio, rescatado con vida, lo vio minutos antes del sismo: conversaba en el estacionamiento con un hombre que limpiaba su auto. La descripción coincide. El vehículo también. La esposa de José David y sus dos hijos estaban arriba, en el apartamento. Los encontraron muertos el fin de semana pasado. A él todavía no.
Ahora son tres frente a la ruina. Arenas, el padre de José David —73 años— y un hermano que se fracturó un brazo removiendo escombros y se niega a ir al médico. «Solos no podemos. Estamos solamente tres personas, nada más», resume Arenas en declaraciones a France 24.
La escena lo dice todo.
El 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 golpeó el norte de Venezuela. El balance oficial registra al menos 5.278 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. También 856 edificios afectados y 190 colapsados. La Guaira, el estado costero, es la zona cero.
Pero la cifra que el aparato estatal no ha entregado en treinta días es la más urgente: cuántas personas siguen desaparecidas. Las referencias oficiales no cierran. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que unas 30.000 personas se encontraban en La Guaira cuando ocurrió el sismo. Según sus propias cifras, alrededor de 19.800 escaparon o fueron rescatadas. La diferencia deja a unas 10.000 sin localizar solo en ese estado. La ONU informó en junio que había recibido cifras no confirmadas de hasta 50.000 desaparecidos.
El vacío lo llenaron los ciudadanos. La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela nació la misma noche del sismo. El programador Jorge Bastidas la montó con un grupo de voluntarios al ver a la gente buscando familiares en transmisiones en vivo. «A las cinco horas de haber ocurrido el terremoto ya teníamos la plataforma activa», dijo a France 24. En las primeras 24 horas recibieron unos 30.000 reportes. En total, más de 82.000, casi la mitad duplicados que un equipo de voluntarios depura caso por caso. Hoy la plataforma mantiene unos 29.500 casos activos. Otro registro ciudadano, Venezuela Reporta, contabiliza más de 41.000.
En un mes, ninguna autoridad se comunicó con ellos. «No hemos tenido ningún contacto de autoridades oficiales», afirmó Bastidas. Tampoco para el proceso de identificación por ADN que el gobierno acaba de convocar.
Ese proceso arrancó el 21 de julio. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio del Interior llamaron a los familiares a una toma voluntaria de muestras. La convocatoria llegó cuando, según testigos citados por la agencia EFE a principios de julio, víctimas sin identificar ya habían sido enterradas en fosas abiertas en un cementerio municipal de La Guaira.
Gloriyen Aris tiene menos que Mariuth Arenas. Su prima Sacha Chagua bajó a La Guaira el 24 de junio, día feriado, para pasar el día en la playa. Habló con su madre hasta pasadas las dos de la tarde. Después, el terremoto. Después, nada.
La familia hizo lo que Aris describe como «un trabajo de inteligencia» recorriendo una costa devastada. Encontraron el auto de Sacha junto a un edificio que quedó plegado «como un acordeón». Los vecinos de los pisos altos lograron salir. Los de abajo siguen adentro. El vehículo apareció desvalijado, con una ventana rota y la cartera robada. Del edificio se llevaron hasta los grabadores de las cámaras de seguridad.
Aris calcula que en ese edificio quedan 12 personas atrapadas. Y señala algo más: a pocos metros hay otro edificio completamente colapsado donde, según ella, habrían muerto más de 50 personas que nadie reclama. Sus familiares no están en Venezuela o ya no existen. En un país que vio emigrar a millones en la última década, hay muertos que ningún registro captura porque no hay quien los busque.
«Tener a un desaparecido es complicado, porque no sabes ni siquiera si está vivo o está muerto», dijo Aris a France 24. «Por lo menos conseguir el cuerpo para darle sepultura».
Los detalles cuentan la historia. Lo que ocurre en La Guaira no es solo una tragedia natural. Es el retrato de un Estado que retira la maquinaria sin dar explicaciones, que entierra a sus muertos en fosas antes de identificarlos y que deja la contabilidad del desastre en manos de voluntarios a quienes nunca llama. La burocracia del régimen no falló por desbordamiento. Falló por costumbre. Las familias que hoy remueven escombros con las manos pagan el precio de décadas de destrucción institucional. Esa es la segunda catástrofe, la que no mide la escala de Richter.
