El cementerio principal de Turbo guarda, según las investigaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), más de 300 personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. La primera fase de intervención en ese lugar arrojó 11 cuerpos recuperados y al menos siete identificaciones rápidas —un avance que, según la entidad, acelerará el reencuentro de varias familias con sus seres queridos.
Los detalles cuentan la historia. Al menos cinco de esos cuerpos serán entregados de manera digna durante agosto a familias en Antioquia, Chocó y Bolívar. No son estadísticas abstractas: son nombres, fechas, municipios. La UBPD precisó que durante este año espera recuperar 84 cuerpos ubicados en bóvedas del mismo cementerio, antes de continuar con otros sectores del predio donde también podrían encontrarse más víctimas.
La magnitud del problema se vuelve concreta cuando se observa la escala regional. En la subregión de Urabá se registran cerca de 1.700 personas desaparecidas, principalmente durante las décadas de 1980, 1990 y los primeros años del 2000. Solo el distrito de Turbo concentra más del 40 % de los cerca de 4.000 registros documentados para todo el Eje Bananero, según los datos de la UBPD.
Los trabajos en Turbo no son un episodio aislado, sino parte de una estrategia que la Unidad desarrolla desde hace varios años en la región. En municipios como Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo ya se han recuperado 123 cuerpos en cementerios y otros 15 en campo abierto, para un total de 138 hallazgos en la zona. Además, se han realizado 32 entregas dignas a las familias, de acuerdo con la entidad.
La UBPD reiteró el llamado a la ciudadanía para que aporte información que contribuya a localizar e identificar a personas desaparecidas. Quienes tengan datos relacionados con el cementerio de Turbo o con otras investigaciones humanitarias pueden acercarse a la sede de la entidad en el Mall La 100 de Apartadó o comunicarse de manera confidencial al número 316 284 25 61.
Para entender el presente hay que volver a esa semana —y a las décadas anteriores que la hicieron posible. El Eje Bananero fue escenario de una violencia sistemática que dejó a miles de familias sin respuesta durante generaciones. La labor forense y humanitaria que hoy avanza en Turbo es, en ese sentido, una deuda acumulada: la del Estado colombiano con ciudadanos que fueron abandonados primero por la ausencia de seguridad y luego por el silencio institucional.
Desde la perspectiva de Hemisferio, lo que ocurre en Turbo subraya una verdad incómoda: el orden y la protección de la vida —condiciones mínimas para que cualquier proyecto de libre empresa y desarrollo prospere— fallaron durante décadas en Urabá. Recuperar los cuerpos es un acto de justicia elemental, pero no sustituye la pregunta de fondo: qué estructuras de poder permitieron esa violencia, quiénes las sostuvieron y si las condiciones que la hicieron posible han sido desmanteladas de verdad. Mientras esa pregunta no tenga respuesta completa, los 84 cuerpos que aún esperan en las bóvedas del cementerio de Turbo seguirán siendo el recordatorio más elocuente de lo que cuesta la ausencia del Estado de derecho.
