La escena lo dice todo.
Caraballeda todavía removía escombros cuando Delcy Rodríguez subió al estrado. Era un acto con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), convocado en una de las zonas más castigadas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. Familias enteras intentaban rehacer sus vidas. Los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos entre edificios colapsados. Y la sucesora de Nicolás Maduro eligió ese escenario para lanzar una advertencia a sus adversarios.
«Los miserables quedarán enterrados en su perversidad, en su indolencia, en no tener misericordia para aquel que lo necesita», declaró Rodríguez ante los militares reunidos.
La frase recorrió Venezuela en cuestión de horas. El uso del término «enterrados» —en un país donde las labores de remoción de escombros continúan en distintos puntos del territorio y donde el conteo de muertos sigue abierto— provocó una reacción inmediata en redes sociales, entre dirigentes opositores y en organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca la catástrofe.
Rodríguez no identificó por nombre a los «miserables». Pero el contexto de su intervención apuntó con claridad hacia quienes, durante las dos semanas previas, habían cuestionado públicamente la respuesta oficial: dirigentes opositores, periodistas, activistas y ciudadanos que denunciaron la lentitud del aparato estatal, la precariedad de la infraestructura y la falta de prevención que, según esas voces, agravó el impacto de los sismos.
En el mismo discurso, la funcionaria exaltó el papel de los militares desplegados durante la emergencia y aseguró que la FANB «estará en el altar de la historia» por su actuación. Afirmó también que Venezuela «renacerá sobre sus escombros» y reivindicó el modelo político del chavismo, al que vinculó con lo que llamó la «nueva espiritualidad» impulsada por el oficialismo.
Los detalles cuentan la historia.
La decisión de dedicar una porción significativa del discurso al ataque político —y no exclusivamente al duelo, la reconstrucción o la asistencia a los damnificados— desnuda una prioridad: el régimen siente la presión de las críticas y optó por responderlas desde un acto de naturaleza castrense, en territorio de emergencia, con cámaras encendidas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Desde el 24 de junio, la pregunta que circula entre las comunidades afectadas no es ideológica: es práctica. ¿Dónde estaba el sistema de alerta temprana? ¿Por qué tantos edificios cedieron con tanta rapidez? ¿Qué pasó con los planes de prevención? Esas preguntas —formuladas por ciudadanos comunes, no solo por la oposición organizada— son las que el discurso de Rodríguez buscó silenciar bajo el paraguas de la lealtad militar y la retórica revolucionaria.
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Hemisferio observa en este episodio algo que va más allá del mal gusto verbal. Un gobierno que responde a una tragedia natural con amenazas veladas a sus críticos —desde un escenario de duelo, ante uniformados— revela hasta qué punto el control del relato importa más que la rendición de cuentas. «Los miserables quedarán enterrados» no es un lapsus: es una señal dirigida a periodistas, activistas y ciudadanos que se atrevieron a preguntar en voz alta lo que cualquier Estado responsable debería responder por escrito.
La tragedia del 24 de junio merece otra clase de liderazgo. Uno que cuente los muertos antes de contar a los enemigos.
