La escena lo dice todo. El mismo día en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actualizó la clasificación del Cártel de Juárez para incorporarlo formalmente a la categoría de grupo terrorista transnacional, los abogados de las familias LeBarón depositaban ante el juez federal Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, una solicitud que lleva años tomando forma: que los activos bloqueados de Ismael «El Mayo» Zambada respondan por la indemnización que esas familias obtuvieron en 2022.
El documento fue presentado el 15 de julio de 2026 por el despacho Motley Rice LLC, que representa a los sobrevivientes y deudos de la masacre del 4 de noviembre de 2019, en la que murieron integrantes del clan LeBarón. El argumento central es que Zambada actuó como agente o instrumento del Cártel de Juárez y que, por tanto, sus bienes congelados deben responder por la sentencia de compensación ya dictada contra esa organización.
La base legal invocada es la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 —conocida como TRIA por sus siglas en inglés—, que permite a víctimas de terrorismo ejecutar sentencias contra bienes congelados de grupos terroristas y de quienes actúen como sus instrumentos. La coincidencia de fechas entre la solicitud y la actualización de la lista de la OFAC no es un detalle menor: refuerza, al menos en el plano formal, el argumento que Motley Rice construyó.
El acuerdo de culpabilidad de Zambada contempla la confiscación de 15 mil millones de dólares. Sin embargo, el despacho advirtió al juez Cogan que el capo no habría presentado bienes conocidos o identificables para satisfacer esa cifra, pese a que el propio acuerdo lo obligaba a entregar al gobierno un estado financiero completo y veraz 60 días antes de la audiencia de sentencia, programada para el 20 de julio de 2026.
El obstáculo más inmediato no viene del acusado, sino del propio gobierno de Estados Unidos. El 13 de julio, la fiscalía federal presentó ante el juez Cogan una propuesta de Orden de Decomiso en la que declaró que solo ella tendría título sobre los montos pagados por Zambada. La propuesta dirigió todos los pagos directamente a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, y argumentó que terceros como las familias «no tienen legitimación para objetar» porque la sentencia es una resolución in personam contra el acusado, no una orden sobre activos específicos en los que un tercero pudiera tener interés.
John M. Eubanks, abogado de Motley Rice, respondió que esa propuesta «precisamente eliminaría la oportunidad» que el propio juez Cogan había garantizado a las familias. En el escrito, el despacho formuló cinco solicitudes concretas: una orden preliminar de decomiso que no retrase la sentencia del 20 de julio; autorización para un proceso de descubrimiento limitado sobre los bienes de Zambada, incluido el estado financiero exigido por el acuerdo; entrega de ese estado financiero a las familias, bajo sello si el juez lo estimara necesario; una aclaración de que cualquier orden preliminar no afectaría los derechos de las familias bajo la TRIA para embargar activos bloqueados; y notificación oportuna de cualquier pago recibido o bien sustituto identificado.
El despacho reconoció en el propio documento que el vínculo operativo entre Zambada y la masacre del 4 de noviembre de 2019 no quedó detallado en ese escrito: el alegato se planteó en términos estrictamente legales —agente o instrumento— sin presentar evidencia sobre si Zambada ordenó, financió o coordinó el ataque. Esa distinción importa: es el terreno que el juez Cogan deberá evaluar.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego en la audiencia del 20 de julio no es solo la suerte de un capo que negoció su rendición. Es la pregunta de a quién le corresponde el dinero decomisado al crimen organizado: si al aparato estatal que lo recauda y lo administra a su discreción, o a las víctimas que llevan años litigando para obtener una reparación real.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la postura del gobierno federal estadounidense resulta reveladora de una lógica burocrática que antepone el control institucional sobre los fondos a la compensación de quienes sufrieron el daño. La TRIA existe precisamente para evitar que el Estado se convierta en el único beneficiario de los decomisos al crimen. Si el juez Cogan acepta el argumento de la fiscalía, el dinero de los contribuyentes —y de los criminales confesos— seguirá fluyendo hacia las arcas del aparato federal, mientras las familias LeBarón esperan.
