Para entender el presente hay que volver a esa semana. En Oklahoma, el agricultor Brent Rendel dice que el aumento de los costos del diésel y los fertilizantes, sumado a los cambios en la política arancelaria de Trump, le ha dificultado planear las cosechas futuras. Y en la trastienda rural, añade, el ánimo político empieza a moverse.
«Hay un mayor nivel de descontento con lo que está pasando con la Administración [Trump]», dijo Rendel. «Antes no se veía realmente eso, pero ahora lo estamos viendo y escuchando».
Ese malestar llega en un momento delicado para Trump y para los republicanos. Trump ganó 69% del voto rural en 2024, pero una encuesta AP-KFF realizada en agosto encontró que 57% de los votantes rurales desaprueba su manejo de la economía. Entre los votantes rurales republicanos, alrededor de una cuarta parte, 27%, desaprobaba su gestión económica, y ese grupo era «sustancialmente menos propenso» que quienes lo aprobaban a decir que estaba seguro de votar en noviembre.
Tres cuartas partes de los votantes rurales describieron el costo de vida en sus comunidades como «regular» o «malo». Otra encuesta, de Reuters/Ipsos en junio, ya había situado la aprobación de Trump entre los estadounidenses rurales en un nuevo mínimo de 50%, con solo 31% aprobando su manejo de los asuntos económicos.
Las cifras llegan mientras los demócratas compiten con fuerza en algunos estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Iowa y Kansas. Y llegan también cuando líderes demócratas han llevado el malestar del campo a sus propuestas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y la senadora Amy Klobuchar presentaron el mes pasado un proyecto para sentar las bases de la «primera reserva de fertilizantes de Estados Unidos». Según Schumer, los agricultores estadounidenses están «siendo aplastados por todos lados por esta Administración».
Los protagonistas del campo y varios expertos agrícolas entrevistados por TIME describen cuatro presiones superpuestas: la expansión de las importaciones de carne vacuna con bajos aranceles, el alza de los fertilizantes y del diésel vinculada a una crisis energética global provocada por la guerra de Irán, y unos aranceles que han aumentado algunos costos de producción mientras desatan represalias contra las exportaciones estadounidenses.
La escena lo dice todo. El golpe no se limita a los productores: también lo sienten los consumidores, que han visto subir de manera sostenida los precios de los alimentos. En una encuesta de AP-NORC de septiembre, 64% de los estadounidenses dijo que Trump había ido «demasiado lejos» al imponer nuevos aranceles a otros países.
La última disputa arancelaria con Canadá ha añadido más inquietud económica, especialmente en estados rurales como Montana, que en 2025 identificó a Canadá como su mayor mercado de exportación.
La respuesta de la Casa Blanca ha sido defender el rumbo. Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, dijo a TIME que Trump «ha reafirmado repetidamente su apoyo a los grandes agricultores y ganaderos de Estados Unidos». También sostuvo que el presidente había sido claro sobre «las interrupciones temporales como resultado del conflicto en Irán» y que la Administración sigue aplicando la «probada agenda de Trump de recortes de impuestos, desregulación y abundancia energética» para mantener a Estados Unidos en una trayectoria económica sólida.
Pero los agricultores consultados por TIME dicen que las consecuencias económicas ya alcanzan sus operaciones cotidianas. Trump hizo campaña prometiendo mantener a Estados Unidos fuera de guerras extranjeras y concentrarse en la prosperidad en casa. Hoy, ese contrato político está siendo puesto a prueba en el terreno que más lo sostuvo.
El caso de la carne vacuna ilustra el giro. El precio promedio de la carne molida en Estados Unidos subió con fuerza desde fines de 2020. Pasó de 5,58 dólares por libra en agosto de 2024 a 6,92 dólares en agosto de 2026, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La reducción de los hatos ganaderos, la sequía y una demanda sólida han contribuido a ese aumento. Al inicio de este año, el inventario de ganado en Estados Unidos cayó a un mínimo de 75 años.
Joe Glauber, investigador del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, dijo que una parte importante de la campaña de Trump ante los hogares estadounidenses hace dos años fue la promesa de mantener baja la inflación. Pero muchos agricultores y residentes rurales están preocupados porque eso no se ha materializado.
Trump suspendió por 90 días los aranceles a 300.000 toneladas métricas de carne vacuna importada para aliviar la presión sobre el costo de los alimentos. La medida entró en vigor el 1 de septiembre. La intención declarada era que la carne importada se vendiera 25% por debajo del precio de mercado.
Sin embargo, la American Farm Bureau Federation, un grupo de presión agrícola, pidió a Trump dar marcha atrás. Citó su propio análisis, según el cual el aumento de las importaciones no ha bajado los precios para los consumidores. La organización siguió los precios diarios de carne molida 80% magra en 41 supermercados de 22 estados a partir del día siguiente a la proclamación. En 30 de esos 41 establecimientos, el precio se mantuvo relativamente igual el 23 de septiembre que el 2 de septiembre.
Sid Miller, comisionado de Agricultura de Texas e identificado como ganadero de octava generación, dijo que los productores han sentido el impacto del esquema de importación de carne. «No he hablado con un solo ganadero que no esté molesto por esto», dijo Miller. «Solo los empacadores y los procesadores están cosechando los beneficios, no el consumidor ni el ganadero. Los terneros que van al mercado ahora están obteniendo entre 300 y 500 dólares menos por cabeza».
El desenlace importa más allá de la coyuntura. Si el campo percibe que paga más por producir y no recibe alivio en los precios, la alianza política con Trump se debilita donde parecía más sólida: en el corazón rural que le dio 69% del voto en 2024. Para un presidente que hizo de la prosperidad doméstica su promesa central, el costo de la intervención comercial y de la inflación alimentaria empieza a medirse en algo más que estadísticas: se mide en lealtad electoral.
Y ahí está el punto de fondo. Cuando el aparato estatal altera precios, encarece insumos y abre frentes comerciales sin alivio visible para el productor, el que termina absorbiendo el golpe no es la burocracia, sino el agricultor, el ganadero y el consumidor. La política económica puede proclamarse como abundancia; en la práctica, si suben los costos y caen los márgenes, la factura la paga quien trabaja la tierra y quien compra en el supermercado.
