Cristina Lombana dejará la Corte Suprema de Justicia para asumir la Secretaría de Transparencia en el Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella. Su nombre volvió a tomar protagonismo por la larga secuencia de choques con Armando Benedetti, a quien ordenó allanarle una propiedad en Barranquilla el año pasado.
La magistrada llega a ese cargo tras una trayectoria que comenzó en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde estudió Derecho, y que luego siguió con posgrados en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, el École National D’Administration y la Universidad Eafit. Entre 1995 y 1996 fue secretaria privada del despacho del Fiscal General de la Nación, cuando ese cargo lo ocupaba Alfonso Valdivieso.
Después ocupó otros puestos, entre ellos juez de Instrucción Penal Militar en Medellín. Allí tuvo el grado de Mayor. Desde septiembre de 2018 es magistrada de la Corte Suprema, cuando tomó posesión ante el presidente Iván Duque.
En ese tribunal, uno de los expedientes que más ruido generó fue el de Benedetti. El año pasado, Lombana ordenó el allanamiento de la exclusiva casa del entonces ministro en el condominio Lagos de Caujaral, en Barranquilla. El texto también señala que allí vive el presidente Abelardo de la Espriella.
Las investigaciones contra Benedetti incluyen hechos relacionados con su paso por el Congreso, entre ellos acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que presuntamente no tendrían justificación en su salario como legislador. También se le investiga por supuestos delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
La relación entre ambos se fue tensando con recusaciones, denuncias cruzadas y cuestionamientos públicos. Benedetti decía que la posición de Lombana era sesgada y que existía una persecución personal en su contra. En 2023 logró apartarla de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y luego presentó nuevas recusaciones para sacarla de otros procesos.
El punto más visible llegó en 2025, cuando, por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y la llamó «loca», «demente» y «delincuente».
Frente a esos insultos, Lombana dijo a Caracol Radio que lo relevante no era el agravio personal, sino el impacto que esos mensajes tenían al venir de un alto funcionario del Estado. «Esto no es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, a la administración de justicia por parte de un alto funcionario como el ministro del Interior», expresó.
Los agravios le valieron a Benedetti una investigación disciplinaria de la Procuraduría. En principio, la entidad pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta y pidió que el procurador delegado escuchara su testimonio sobre el caso. Además, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti tras los insultos.
Desde principios de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió apartarla de las investigaciones que adelantaba contra Benedetti. La decisión se tomó tras una ponencia del magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba que Lombana debía declararse impedida para seguir con esos procesos.
No es el primer caso polémico del que queda separada. Al llegar al alto tribunal, se le asignó la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces senador. Luego fue apartada por un conflicto de intereses derivado de su doble condición de oficial activa del Ejército y de su relación institucional previa con Uribe como su excomandante supremo cuando era presidente.
La escena lo dice todo: una magistrada que avanzó sobre uno de los expedientes más sensibles de la política colombiana termina ahora en el aparato estatal que promete transparencia. El giro no es menor. En un país donde la confianza institucional se erosiona con facilidad, la credibilidad de los encargos públicos depende tanto de los nombres como de la independencia con que actúan.
Para el Gobierno Nacional, la designación instala una apuesta de alto riesgo y alto simbolismo. Si la Secretaría de Transparencia quiere pesar de verdad, no bastará con el ruido político ni con los antecedentes judiciales de sus protagonistas: tendrá que mostrar resultados, orden y rigor en el uso del poder público.
