El presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo que asumirá una vez concluya su periodo en la Corte Suprema de Justicia, previsto para inicios de octubre.
Según lo dicho por el mandatario, la llegada de Lombana hace parte de una estrategia para reforzar la capacidad del Estado en la lucha contra la corrupción y el control de los recursos públicos. De la Espriella afirmó que, con la magistrada, se va a estructurar y articular un «bloque de búsqueda contra la corrupción», con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos.
Lombana ha estado al frente de investigaciones que involucraron al exministro Armando Benedetti. El año pasado ordenó el allanamiento de la exclusiva residencia de Benedetti, ubicada en el sector de Lagos de Caujaral, en Barranquilla, y también ha tenido a su cargo varias investigaciones contra él por distintos hechos relacionados con su paso por el Congreso.
La relación entre ambos ha estado marcada por recusaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos públicos. En 2023, Benedetti logró apartar a Lombana de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Después presentó nuevas recusaciones para separarla de otros procesos en su contra.
La disputa escaló en 2025 cuando, por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y lanzó duras críticas contra la magistrada. La llamó hasta de «loca», «demente» y «delincuente».
El jefe de Estado aseguró que la nueva secretaria de Transparencia tendrá la misión de coordinar acciones encaminadas a detectar y combatir posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública, en articulación con distintas entidades del Estado. También advirtió a quienes hayan participado en irregularidades relacionadas con el manejo de recursos oficiales.
«Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad», señaló el mandatario. Luego remarcó que los recursos públicos son sagrados y se respetan.
La Secretaría de Transparencia es la dependencia encargada de promover políticas de prevención de la corrupción, fortalecer los mecanismos de control y apoyar las estrategias de transparencia en el Gobierno nacional. Con la llegada de Lombana, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a esa agenda, en medio de los anuncios de la administración de De la Espriella sobre el endurecimiento de las acciones contra el desvío de recursos públicos.
La escena deja una señal política clara: el Gobierno quiere poner la lupa sobre la corrupción y sobre el dinero de los contribuyentes. En un país donde el desvío de recursos públicos suele terminar diluido entre trámites y burocracia, la promesa de control solo valdrá si se traduce en resultados verificables.
Para el contribuyente, el punto no es retórico. Si la Secretaría de Transparencia gana peso real, el Estado tendrá más capacidad para proteger la plata pública. Si no, el desenlace será el de siempre: una estructura que anuncia mano dura, pero deja intacto el costo de la impunidad.
