La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad ya ha suprimido 471 empleos, según el balance más reciente que la propia cartera publicó el 10 de octubre en X. La escena lo dice todo: un ministerio creado para ampliar la intervención social avanza ahora hacia su desmontaje administrativo, con menos nómina, menos cargos y menos espacio para sostener su estructura original.
La cartera afirmó que los retiros se hicieron «de forma ordenada y con garantías» y que ya se puso al día con dos meses de salarios y aportes atrasados. También dijo que no mantiene deuda con ningún trabajador. En la trastienda, sin embargo, el dato central es otro: la liquidación no solo está cerrando una entidad, sino reduciendo de manera acelerada el peso de una estructura estatal que no logró consolidarse como fue prometida.
El proceso se adelanta bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella y, según el ministerio, con criterios de «disciplina, celeridad y absoluta austeridad». Para entender el presente hay que volver a esa semana: el 29 de septiembre, el liquidador del ministerio, John Milton Rodríguez, había anunciado la eliminación de 407 cargos, más de la mitad del personal heredado de la administración anterior, con un ahorro de $62.800 millones al año.
Ese primer plan detallaba una salida por fases: 6 puestos, luego 257 cargos y después 144 adicionales en una segunda etapa. Rodríguez dijo entonces que la desvinculación respetaría el fuero y la estabilidad laboral reforzada de madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal con fuero sindical. También indicó que los recursos ahorrados se destinarían a financiar el cierre de la entidad y programas ligados a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.
La liquidación agregó otro dato relevante: habría recuperado $60.000 millones de transferencias de funcionamiento enviadas a FonIgualdad, de los cuales $17.000 millones estarían disponibles de inmediato y $43.000 millones podrían incorporarse más adelante. En lenguaje claro, el ahorro y la recuperación de recursos son ahora parte del argumento oficial para justificar el giro: menos burocracia y más caja para cerrar obligaciones pendientes.
El ministerio también informó que, cuando el equipo liquidador comenzó sus funciones, encontró un atraso de dos meses en el pago de salarios y de seguridad social. Dijo que ese rezago ya fue saldado. Además, junto con el Ministerio del Trabajo, dirigido por Natalia López, se instalaron mesas técnicas para revisar los casos de trabajadores con fuero sindical y proteger sus derechos laborales.
López se reunió esta semana con representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el equipo liquidador para evaluar los avances y definir medidas de coordinación frente a las situaciones laborales derivadas de la liquidación. La ministra afirmó que su cartera velará por que el proceso se adelante «con transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto por las garantías de quienes han prestado sus servicios al Estado». Y advirtió: «Ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales».
El Gobierno sostiene que la administración de Gustavo Petro dejó desfinanciadas las vigencias de 2025, 2026 y 2027, y que la ejecución operativa estaba entre 5 % y 12 % de lo prometido. Con ese diagnóstico, anunció una auditoría integral de los 24 programas sociales vinculados al Fondo para la Igualdad y el traslado gradual de algunas funciones, viceministerios y programas al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social.
Ahí está el desenlace político de esta historia: cuando un programa estatal se queda sin músculo presupuestal y su estructura se vuelve insostenible, el ajuste termina imponiendo su propia lógica. La liquidación de MinIgualdad no es solo una noticia sobre 471 empleos menos; también es una señal de que el aparato público puede crecer rápido, pero si no cuadra sus cuentas, después debe encogerse con la misma velocidad.
Para el contribuyente, el punto central no es la retórica de la transformación, sino el costo de sostener ministerios sin respaldo financiero suficiente. Para el Estado de derecho laboral, en cambio, la prueba es otra: que la reducción no atropelle fuero, aportes ni garantías. En esa tensión se define hoy el caso MinIgualdad: menos gasto y más orden para unos; incertidumbre y cierre para quienes dependían de esa estructura.
