La escena se repetirá este miércoles en al menos diez zonas de Lima Metropolitana, el Callao y algunas provincias: sin previo aviso para quienes no revisen el cronograma, la luz se irá.
La empresa Pluz informó que el 22 de julio de 2026 ejecutará cortes programados de energía eléctrica en sectores específicos de Lima Cercado, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos, Carmen de la Legua, Comas, Supe y Huaral. Las interrupciones responden, según la compañía, a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura de distribución.
Pluz explicó que las labores incluyen revisiones, ajustes, renovación de componentes y otras acciones destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de la red. La suspensión temporal, argumentó la empresa, permite que el personal técnico intervenga las instalaciones en condiciones seguras, «reduciendo el riesgo de fallas inesperadas y contribuyendo a mejorar la continuidad del suministro eléctrico».
La distribuidora recomendó a los usuarios revisar el cronograma para verificar si sus viviendas, negocios o centros de trabajo se encuentran dentro de las áreas afectadas.
Los detalles cuentan la historia. Un corte programado es, en teoría, la versión responsable de la gestión de red: mejor parar unas horas con aviso que sufrir un apagón intempestivo que destruya equipos o paralice una línea de producción. Ese argumento técnico es válido. El problema, en el caso peruano, es la acumulación: cuando los cortes se vuelven rutina en las mismas zonas, el «mantenimiento preventivo» deja de ser una excepción y se convierte en el costo fijo que pagan los usuarios —hogares y, sobre todo, pequeños negocios— sin descuento en la factura.
Para la libre empresa, cada hora sin electricidad es una hora de caja cerrada, de producción detenida, de cadena de frío rota. La pregunta que Pluz no responde en su comunicado es cuántas de estas interrupciones recurrentes en los mismos distritos reflejan subinversión crónica en infraestructura, y cuánto de ese rezago es consecuencia de un marco regulatorio que no genera los incentivos correctos para que las distribuidoras modernicen la red antes de que fallen, y no después. Esa es la conversación que Lima —y el regulador— tienen pendiente.
