Hasta el edificio Moneda Bicentenario, en Teatinos 92, llegaron la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y representantes de la Universidad de Chile para revisar un informe que pone cifras a una vieja incomodidad: las licencias médicas dentro de la policía uniformada.
El estudio fue elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, de la Facultad de Gobierno, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo para el Ministerio de Seguridad. Tiene 193 páginas y analiza las licencias médicas de Carabineros entre 2018 y 2024.
La conclusión principal es dura. Según el documento, el índice de prevalencia —es decir, el porcentaje de funcionarios que tiene licencia anualmente— pasó de 50% a 57% en ese periodo. Dicho de otro modo, uno de cada dos funcionarios de Carabineros tiene al menos una licencia al año.
El informe también muestra una intensificación del ausentismo. Entre 2018 y 2022, la tasa de incapacidad, medida como los días perdidos por cada funcionario, se duplicó: pasó de 16,8 días a 31,5 días por carabinero. En 2024 bajó levemente a 25,3 días.
La tasa de gravedad, que mide la cantidad de días promedio por licencia, también subió. Pasó de 10,9 días en 2018 a 14,7 días en 2024.
Las diferencias internas son marcadas. Los funcionarios de Nombramiento Institucional, es decir, suboficiales, tienen más licencias que los de Nombramiento Supremo, los oficiales. Los funcionarios con menor grado alcanzan 33,3 días promedio, mientras que los oficiales 14,9 días.
El informe subraya además el caso del grado «Carabinero», el menor escalafón de la institución. Allí, el 95,3% de los funcionarios tuvo al menos una licencia en 2024 y el promedio de días de ausentismo llegó a 41,8.
En los aspirantes o carabineros alumnos, en cambio, la prevalencia llega apenas al 2%, lo que, según el estudio, sugiere que el ausentismo aparece con fuerza al ingresar al trabajo operativo. En las unidades operativas, la prevalencia alcanza el 80% y el promedio de días llega a 50,2.
El análisis no se limita a medir el problema. También intenta explicar por qué ocurre. El 37% de las licencias médicas por «enfermedad común» corresponden a diagnósticos de salud mental, y en las «enfermedades profesionales» esa proporción alcanza el 40%.
A eso se suma lo que el estudio llama un «uso estratégico» del reposo médico. En diciembre de 2024 se presentaron 10.628 licencias médicas, una cifra que se duplicó durante las festividades de Navidad.
El informe también menciona a los 1.070 funcionarios con licencia detectados por Contraloría que viajaron al extranjero durante sus reposos médicos.
Pero el documento agrega otro fenómeno que, en vez de descanso, también desgasta: el «presentismo». Así define cuando un funcionario sigue trabajando pese a estar enfermo. El estudio atribuye esa práctica a la presión laboral propia de una institución jerárquica y al deber, y advierte que eso sólo agrava el deterioro físico y patologías como el estrés, que puede volverse crónico.
Frente a este cuadro, la Universidad de Chile propone cuatro ejes de acción. El primero apunta a la gestión del liderazgo y al fortalecimiento del clima laboral, con canales de diálogo, competencias de liderazgo positivo y sistematización de buenas prácticas.
El segundo se centra en la salud mental y física. Propone campañas internas para desestigmatizar la búsqueda de ayuda, capacitación a los mandos, test para detectar tempranamente estrés, depresión y ansiedad, y redes de apoyo entre pares.
El tercero mira la operación diaria. El estudio sugiere cambios en el sistema de turnos, con esquemas más cortos, estables y sin arbitrariedades, para que los funcionarios puedan planificar sus vidas personales. También plantea reestructurar el sistema de traslados y mejorar las condiciones materiales de trabajo.
El cuarto eje propone actualizar y mejorar la normativa sobre licencias médicas en Carabineros.
La escena lo dice todo. Una institución que vive de la disciplina y la presencia operativa hoy enfrenta un cuadro en que el ausentismo no es una excepción, sino una presión persistente sobre su base más expuesta. Cuando el 57% de la dotación presenta al menos una licencia al año, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural.
Para la lógica del contribuyente, el dato es inevitable: cada día perdido debilita capacidad operativa y encarece una estructura estatal que ya arrastra tensiones internas. Si el Estado quiere más seguridad, necesita una fuerza que funcione; y para eso no bastan diagnósticos, hacen falta reglas, liderazgo y una administración capaz de corregir incentivos antes de que el deterioro se vuelva normalidad.
