Óscar Morales López, de 56 años, fue liberado este sábado 12 de septiembre, tras permanecer detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez.
El activista social había sido interceptado en la parroquia La Candelaria de Caracas y trasladado luego a la sede policial. La liberación fue informada por el abogado Eduardo Torres a través de su cuenta en X y después confirmada por la Alianza por la Libertad de Todos los Presos Políticos en Instagram.
Tras recobrar su libertad, Morales regresó a su residencia para reencontrarse con su esposa, Josefina Guillén. En ese momento estuvo acompañado por Torres y por la representante de la Alianza, Mayra Morales.
La familia de Morales agradeció a las personas e instituciones que denunciaron el caso. En paralelo, las organizaciones Caleidoscopio Humano y Clippve habían denunciado antes que personas no identificadas, a bordo de un vehículo Toyota Machito blanco sin placas, interceptaron al activista en la esquina Socarrás a Puente Yánez.
Ese episodio ocurrió un día después de que Morales participara en una movilización hacia las cercanías de Miraflores para exigir la libertad de los presos políticos. Morales ejerce de manera independiente y sin pertenecer a ningún partido u organización política.
La hija de Morales, Itani Morales, denunció el secuestro de su padre en un video difundido en redes sociales. Allí responsabilizó al gobierno de Delcy Rodríguez por cualquier situación que pudiera ocurrirle. También dijo que no sabían nada de su paradero en ese momento.
La escena lo dice todo. Primero, la interceptación en una zona de Caracas. Después, el traslado a una sede policial. Al final, la liberación confirmada por actores políticos y de derechos humanos. En el medio queda una pregunta que no se disuelve con su salida: qué garantía tienen los activistas cuando el costo de alzar la voz puede ser una detención y horas de incertidumbre.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Morales había participado en una protesta para exigir la libertad de presos políticos y, poco después, terminó bajo custodia. Ese orden de hechos importa porque muestra el clima de presión que rodea a quienes se organizan fuera de los partidos y fuera del aparato estatal.
La liberación alivia a su familia y a quienes denunciaron el caso. Pero también deja expuesto el fondo del problema: un Estado que sigue siendo señalado por la forma en que trata a los disidentes y un país donde la libertad de expresión y de protesta sigue dependiendo, demasiadas veces, de la resistencia personal y de la presión pública.
