La escena lo dice todo.
Eran aproximadamente las 5:10 de la tarde del 6 de agosto cuando Todd Stewart, de 68 años, salió al jardín delantero de su casa en Martinez, California, donde había vivido más de tres décadas. Según los fiscales, Marcos Iriarte-Valdez, de 36 años, nacional venezolano con ciudadanía española, llegó en un Cadillac SUV, esperó sentado en el vehículo y luego descendió para atacarlo con un cuchillo. Las imágenes de vigilancia muestran a ambos hombres forcejando en la acera, entre dos autos estacionados, hasta que Stewart cayó al suelo. Iriarte-Valdez, según la acusación, continuó apuñalándolo mientras la víctima gritaba de dolor. Los paramédicos no pudieron salvarle la vida.
Stewart era padre de dos hijos. Sus vecinos lo recuerdan como «la persona más tranquila y servicial» del barrio. Acababa de terminar las renovaciones de su casa.
Un día de diferencia
Lo que convierte este caso en algo más que una tragedia criminal es la cronología. El martes anterior al crimen, Iriarte-Valdez había sido detenido por presuntamente violar las condiciones de su arresto domiciliario en un caso distinto de robo residencial. Al día siguiente, la jueza Nichelle Holmes le concedió la libertad anticipada al proceso. Aproximadamente 24 horas después, Stewart estaba muerto.
Holmes fue nombrada para el Tribunal Superior del Condado de Contra Costa en 2024 por el gobernador Gavin Newsom. En un perfil publicado en 2017 por su facultad de derecho, ella misma se describió como activista: «Venir a trabajar cada día y asegurarme de que se haga justicia es mi forma de protestar», declaró entonces.
El juez David Goldstein, que presidió la audiencia de acusación formal de Iriarte-Valdez, lo calificó de «riesgo para la seguridad pública» y ordenó su detención sin fianza. El acusado se declaró no culpable del cargo de asesinato, al que se suman tres agravantes relacionados con el uso de arma blanca durante un robo y el hecho de estar en libertad condicional en el momento del crimen. Enfrenta cadena perpetua.
El aparato estatal en el banquillo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló el martes que Iriarte-Valdez es un «extranjero ilegal venezolano» que cometió el presunto crimen «en la California santuario». En un mensaje publicado en X, el departamento exigió que Newsom no lo liberara y lo entregara para su deportación. «Los políticos santuario deben dejar de anteponer la política a la seguridad pública», señaló el DHS en declaraciones recogidas por medios locales. «Este tipo de locura lleva a más crímenes y más víctimas inocentes».
El jueves, el zar fronterizo de la administración Trump, Homan, fue más directo: «Esta persona está muerta porque el gobernador Newsom y el estado de California anteponen la política —el odio al presidente Trump— a la seguridad pública», declaró.
La fiscal del condado de Contra Costa, Diana Becton, prometió rendición de cuentas. «Nuestros pensamientos están con los seres queridos de la víctima y con la comunidad en general mientras atraviesan esta pérdida inimaginable», dijo.
Iriarte-Valdez, que según los fiscales reside en el mismo municipio de Martinez donde vivía su presunta víctima, lleva en Estados Unidos desde 2007. Fue detenido en su domicilio la noche del viernes siguiente al crimen, a partir de imágenes de vigilancia y evidencia física recogida en la escena. Su próxima comparecencia está fijada para el 9 de septiembre.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el caso Stewart no es solo un expediente judicial: es el retrato de un sistema que falló en cada eslabón de la cadena. Un hombre con antecedentes activos, en libertad condicional por otro robo, fue devuelto a la calle por una jueza cuya filosofía declarada es el activismo desde el estrado. El resultado fue la muerte de un vecino de toda la vida en la puerta de su propia casa.
Las leyes santuario de California no son una abstracción burocrática. Tienen nombre y apellido: Todd Stewart, 68 años, padre de dos hijos, treinta años en el mismo barrio. Cuando el aparato estatal decide que la política migratoria es más importante que el historial delictivo de quien tiene frente a sí, el costo no lo paga el funcionario que firma la orden de liberación. Lo paga el ciudadano que sale al jardín una tarde de agosto.
