La escena lo dice todo. En los pasillos de la Exposición Rural de Palermo, mientras productores y funcionarios recorrían los stands, la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe) se detuvo a explicar por qué el proyecto de Ley de Tierras no llegó a votarse la semana pasada y por qué, según ella, todavía puede aprobarse.
«Yo creo que los votos estaban. Probablemente alguno tuvo alguna duda respecto de algún punto», dijo Losada. La fecha que marca el calendario es el 6 de agosto, cuando el Senado retoma la sesión que quedó en cuarto intermedio. Pero la propia legisladora fue precisa en cuanto a la condición: «Hasta que no se consigan todos los votos, la ley no se va a tratar».
Lo que cambió y lo que queda por resolver
El proyecto que impulsa Losada introduce modificaciones sustanciales respecto del marco vigente. El punto más visible es la prohibición explícita de que un Estado extranjero adquiera tierras en la Argentina. Para empresas con participación estatal foránea, la propuesta exige un «doble conforme»: autorización tanto del gobierno provincial como del nacional para cerrar cualquier operación.
Otra modificación relevante es la eliminación del llamado «silencio administrativo». Bajo ese mecanismo, si las autoridades no respondían dentro del plazo establecido, la autorización se consideraba concedida de manera automática. Losada fue directa: «Me parece que es algo de lo que tienen que hacerse cargo tanto la provincia como la Nación». Dicho de otro modo, el Estado no podrá lavarse las manos por omisión.
En cuanto a los particulares extranjeros, la senadora recordó que el artículo 20 de la Constitución Nacional ya les reconoce los mismos derechos que a los ciudadanos argentinos para adquirir bienes y comerciar. «Si uno mira Chile, Uruguay o Estados Unidos, cualquier extranjero puede comprar la cantidad de tierras que quiera», señaló, apelando a la comparación regional para enmarcar el debate.
La trastienda de los votos
La postergación de la semana pasada no tuvo una explicación pública clara. «No sé realmente qué pasó o quién tuvo dudas», admitió Losada, aunque insistió en que el proyecto «estuvo a punto de salir». El trabajo de las próximas semanas estará concentrado en revisar los puntos que generaron reparos dentro de la Cámara alta. «Está bueno que se escuche a todos, como está pasando ahora en el Senado», indicó.
Si durante las negociaciones surgiera la necesidad de nuevas modificaciones, Losada dejó abierta esa posibilidad: «Está bien que se hagan». La señal es que el texto no es intocable, pero el núcleo —mayor control sobre la adquisición extranjera, fin del silencio administrativo, doble autorización para empresas con capital estatal— parece consolidado.
Biocombustibles, el otro frente
Durante su visita a Palermo, Losada también se refirió al debate sobre una nueva ley de biocombustibles, materia de especial interés para Santa Fe por la concentración de plantas elaboradoras en esa provincia. En el Congreso conviven varios proyectos: el de la senadora Patricia Bullrich, que propone la desregulación total del mercado, el aumento gradual de los cortes obligatorios de biodiésel y la apertura competitiva sin precios administrados —con respaldo del gobierno nacional—; y el de la senadora Flavia Royón, orientado a un nuevo marco regulatorio federal con énfasis en el incremento gradual de los cortes y el estímulo a la inversión privada.
Losada destacó un acuerdo alcanzado entre pequeños y grandes productores santafesinos para impulsar una propuesta común. «Parecía algo imposible y, sin embargo, se logró. Ahora lo que falta es que el gobierno nacional incorpore ese acuerdo a la ley», señaló. La legisladora insistió en aumentar el porcentaje obligatorio de mezcla: «No solamente porque es una energía limpia, sino porque un aumento en el corte puede ser muy bien aprovechado por las pequeñas empresas del sector».
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Senado tuvo la oportunidad de votar y no lo hizo. No por falta de voluntad declarada, sino por dudas que nadie terminó de explicitar en público. Ese margen de incertidumbre es, al mismo tiempo, el mayor riesgo y la mayor oportunidad del proyecto.
Lo que está en juego es un principio básico del orden jurídico: que el Estado no pueda aprobar por silencio lo que debería decidir con responsabilidad, y que la propiedad privada —incluyendo la tierra— tenga reglas claras para todos los actores, nacionales y extranjeros. Si el Senado logra los votos antes del 6 de agosto, será una señal de que la Argentina es capaz de legislar con seriedad sobre sus recursos estratégicos. Si no, el costo no lo pagará solo el campo.
