La Fiscalía General de la Nación declaró oficialmente crimen de lesa humanidad el magnicidio del magistrado Álvaro de Jesús Medina Ochoa, víctima del cartel de Medellín en la capital antioqueña. La decisión fue tomada este martes 13 de octubre de 2026 por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Con ese paso, el expediente deja de prescribir. En la práctica, la investigación se desarchiva y el caso vuelve a caminar después de 41 años de impunidad, según la información conocida por EL COLOMBIANO.
La resolución también revocó el auto inhibitorio del 1° de agosto de 1991, mediante el cual el ente acusador de la época había archivado el caso sin haber expedido una sola orden de captura. La escena lo dice todo: un crimen contra la Rama Judicial que quedó sin respuesta durante décadas y que ahora entra en una nueva fase judicial.
Ricardo Medina, hijo del magistrado, dijo que la decisión «es un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín, y vuelve a poner de presente un asunto que había sido relegado por la institucionalidad y por la misma sociedad».
También dijo que lo que sigue ahora es que sean llamados a interrogatorio los antiguos integrantes del cartel de Medellín que todavía están vivos, para esclarecer si tuvieron alguna participación en el crimen. Entre esos exmiembros figuran Carlos Lehder y Fabio Ochoa, quienes regresaron hace poco al país tras cumplir sus penas en Estados Unidos y actualmente disfrutan de su libertad, sin procesos pendientes en Colombia.
El magnicidio ocurrió en la noche del 8 de abril de 1985, en la entrada de la casa de Medina, en el barrio La Floresta, en el occidente de Medellín. Cuando el magistrado se bajaba del carro, en compañía de su esposa, fue baleado por dos sicarios del cartel liderado por Pablo Escobar Gaviria.
En esa época, Medina era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Su muerte hizo parte de una ofensiva de los narcotraficantes contra los servidores judiciales que los perseguían. Según la nota de EL COLOMBIANO, ese plan pistola cobró las vidas de cuatro magistrados en la capital antioqueña entre 1985 y 1989: Gustavo Zuluaga, Mariela Espinosa y Héctor Jiménez Rodríguez, además de Medina.
Un año antes del asesinato, Medina había expedido autos de detención contra Escobar y algunos de sus lugartenientes. Durante los 12 meses siguientes recibió visitas de emisarios del cartel, que le ofrecían sobornos sin éxito, y también amenazas telefónicas y con sufragios escritos.
Por la muerte de Álvaro Medina no hay ni siquiera un capturado, a pesar del rechazo social que produjo el crimen en aquel momento. Esa ausencia de justicia ayuda a entender por qué la decisión de la Fiscalía tiene una carga que va más allá del expediente: pone a prueba la capacidad del Estado para corregir, aunque sea tarde, una omisión que favoreció la impunidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: cuando el aparato judicial fue atacado por los narcotraficantes, la señal que quedó fue la de un sistema incapaz de proteger a quienes debían hacer cumplir la ley. Hoy, la declaración de lesa humanidad corrige una parte del daño institucional, pero también recuerda cuánto costó que el Estado reaccionara.
Los detalles cuentan la historia. Si la investigación sigue su curso, la pregunta ya no será solo quién ordenó el crimen, sino por qué un asesinato de ese calibre tardó 41 años en recibir una calificación jurídica acorde con su gravedad. En un país serio, la justicia no debería depender de que pasen décadas para llamar a las cosas por su nombre.
