La escena lo dice todo. Ariana Figueroa fue admitida a la Universidad de Oxford. Meses de trámites, meses de incertidumbre y, al final, ningún financiamiento confirmado a tiempo. Perdió el cupo. Su caso no es una anécdota: es el síntoma de una crisis que el propio aparato estatal peruano lleva años alimentando.
Ahora el Ministerio de Educación —Minedu— propone un nuevo reglamento para Pronabec, el programa nacional que administra las becas universitarias, y la propuesta ha encendido alarmas entre los más de 20 mil jóvenes que dependen de la Beca 18, la Beca Permanencia y otros programas del organismo.
El artículo que más preocupa
El punto más polémico del proyecto está en el artículo 28. Según el documento difundido por el programa Punto Final, la norma exigiría que los becarios mantengan un «trato respetuoso» con los funcionarios de Pronabec y eviten conductas «intimidatorias, agresivas o violentas». El incumplimiento podría derivar en la pérdida inmediata del beneficio.
La redacción abre una pregunta incómoda: ¿quién define qué es una conducta intimidatoria? ¿Alcanza con protestar ante un recorte? Los beneficiarios temen que la cláusula funcione como herramienta para silenciar reclamos legítimos. «Quitar la beca es una medida excesiva que afectará a muchos», declaró Renato Vilca, becario de la Beca Permanencia, según el mismo reporte.
A eso se suma otra sanción contemplada en el proyecto: quienes pierdan la Beca 18 no solo quedarían inhabilitados para postular a otros beneficios del Estado, sino que deberían devolver el dinero ya invertido en su formación.
Un presupuesto que ya venía cayendo
Las nuevas reglas no llegan en el vacío. El año pasado, el Estado peruano redujo la cantidad de vacantes disponibles y anuló el proceso de convocatoria para la Beca Generación Bicentenario, destinada a estudios de posgrado en universidades de élite internacional. Fue en ese contexto donde el caso de Figueroa y Oxford se volvió público.
Alexandra Ames, exdirectora de la Beca 18, describió la lógica del recorte con precisión: «Lo que está ocurriendo es que se quita presupuesto de una beca para intentar aumentar otra, pero al final se perjudica a los jóvenes más vulnerables», según el reportaje de Punto Final.
La Beca 18, la modalidad más conocida del sistema, cubre estudios, alimentación, movilidad y, en algunos casos, alojamiento. Para miles de familias de bajos recursos, representa la única vía real hacia la educación superior. El recorte no es un ajuste técnico: es una puerta que se cierra.
El debate pasa al Congreso
Las propuestas del Minedu aún no tienen fuerza de ley. El proyecto debe ser aprobado, y el debate ya se trasladó a la Comisión Permanente del Congreso. Organizaciones juveniles, entre ellas Renajuv, han calificado los cambios de «una burla», según información de Agencia Andina recogida por Infobae.
Los detalles cuentan la historia. Un sistema de becas que en teoría existe para ampliar oportunidades ahora discute cómo recortarlas con mayor eficiencia burocrática.
La lectura de Hemisferio
Hay una paradoja en el corazón de este debate: el Estado peruano creó Pronabec para corregir una falla de mercado —el acceso desigual a la educación superior— pero lo administra con la lentitud, la opacidad y el arbitrio que caracterizan al gasto público mal diseñado. El resultado es predecible: becas que desaparecen por decreto, convocatorias canceladas sin previo aviso y ahora una cláusula de «respeto» que puede convertirse en instrumento disciplinario contra quienes protestan.
Lo que está en juego no es solo el presupuesto de Pronabec. Es la credibilidad del Estado como socio confiable para los jóvenes más vulnerables del país. Cuando una institución pública puede retirarle el financiamiento a un estudiante por «conducta intimidatoria» —término que nadie ha definido con precisión—, el problema ya no es fiscal: es de libertad. El Congreso tiene la palabra.
