La escena lo dice todo. En Brasil, la sorpresa de la primera vuelta fue dando paso a dudas, temores y cálculos sobre un posible gobierno Bolsonaro II. Flavio Bolsonaro aparece como favorito para la segunda vuelta, mientras la campaña de Lula intenta instalar un clima de alarma alrededor de la democracia, la pandemia y el rumbo institucional del país.
La candidatura de Flavio Bolsonaro quedó marcada por una contradicción que sus críticos explotan a diario: intenta mostrarse como el Bolsonaro moderado, vacunado, que trata bien a los periodistas y defiende la democracia, pero al mismo tiempo promete indultar a su padre, condenado y preso por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Además, ha expresado cercanía con Donald Trump en Estados Unidos y prometió reformar la Constitución si resulta electo.
Después de la segunda vuelta, Flavio Bolsonaro dijo que Brasil no vive una «democracia plena» y defendió una reforma de la Constitución para «redemocratizar el país». Luego aclaró que se refería a aprobar enmiendas constitucionales y no a reemplazar toda la carta magna. Aun así, la frase abrió una discusión que todavía no se cierra, sobre todo porque el antecedente inmediato es el gobierno de su padre, que no aceptó el resultado de las elecciones de 2022.
El 8 de enero de 2023 hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. Esta semana, Valdemar Costa Neto, presidente del PL, admitió en una entrevista a Radio Gaúcha que hubo discusiones para dar un golpe al final del gobierno de Jair Bolsonaro, aunque intentó minimizarlo: «Discutieron dar el golpe. ¿Andando qué? Discutieron, pero no lo dieron». También sostuvo que planear un golpe, sin llevarlo a cabo, no debería considerarse delito.
En paralelo, el frente económico sigue sin definiciones suficientes. Flavio Bolsonaro habló de un «tijerazo» inspirado en Javier Milei, y prometió un ajuste del 1,5% del PBI. Pero todavía no explicó cómo piensa hacerlo. Entre las ideas que circulan aparecen la reducción del número de ministerios, hoy 31 o hasta 38 si se cuentan secretarías con rango ministerial, recortes de gastos administrativos y salarios, y cambios en los pisos presupuestarios de salud y educación, además de la indexación de pensiones.
El problema de fondo es que Brasil llega a esta discusión con las cuentas tensionadas. El propio gobierno de Lula reconoce la necesidad de equilibrarlas. Para 2026, las proyecciones fueron corregidas y hoy se estima que el déficit primario será del 0,59% del PBI. Contando intereses, el déficit del gobierno de Brasil es del 9,48% del PBI.
Cuando Jair Bolsonaro entregó el poder, ese porcentaje era del 4,68% y el país tenía superávit primario. Con Lula, la deuda pública pasó del 71,7% del PBI al 82,9% en agosto de este año. El principal motivo son las altas tasas de interés definidas por el Banco Central, que actúa como ente autónomo en Brasil, para contener la inflación. También influyen las dudas de los inversores sobre el creciente endeudamiento del Estado y la dificultad de bajar el déficit.
La sombra política y la deuda fiscal se cruzan en un mismo punto: el tamaño del próximo gobierno y su margen real de maniobra. La familia Bolsonaro no solo busca volver al poder; también pretende redibujar las reglas del juego. Y eso explica por qué en Brasil el debate no gira únicamente alrededor de una elección, sino de la calidad de las instituciones y de cuánto costará, otra vez, sostener al Estado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Si el próximo gobierno decide avanzar con reformas profundas, el mercado mirará si hay disciplina y previsibilidad. Si, en cambio, la prioridad se desplaza hacia la restauración política de la familia Bolsonaro, el costo puede recaer sobre la estabilidad institucional y sobre el dinero de los contribuyentes. Los detalles cuentan la historia.
