La escena lo dice todo. Andrés Longton acababa de firmar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo —la llamada ACOT— y, sin embargo, salió de la ceremonia con reservas públicas sobre dos de sus piezas centrales. El senador de Renovación Nacional, voz del oficialismo, no esperó al debate en sala para marcar distancia.
Longton reconoció valor en algunas iniciativas del paquete: las modificaciones al sistema carcelario y el listado de organizaciones criminales le parecieron «interesantes». Pero ahí terminó el entusiasmo sin matices.
Sobre el nuevo tipo de estado de excepción que contempla la agenda, el legislador fue directo: «Yo hoy día lo veo complejo, porque creo que con los estados que tenemos hoy día de excepción constitucional se cumple con el propósito que quiere hacer el Presidente». La pregunta que dejó sobre la mesa fue precisa: ¿es necesario crear una figura nueva o basta con reforzar el estado de emergencia existente?
Y trazó lo que él mismo llamó su «primera línea roja». No está dispuesto a aceptar que en ese eventual estado de excepción las fuerzas militares queden subordinadas a las órdenes de la policía. «Yo por lo menos no estoy de acuerdo en que estén bajo las órdenes de la policía y no de los militares», afirmó. El argumento es institucional: cambiar esa dinámica de mando, dijo, sería «contraproducente» dado que ambas instituciones tienen «realidades muy distintas».
También señaló que el carácter «acotado» de la medida hace que no sea necesario elevarla a rango constitucional, pues con la legislación vigente ya se puede actuar en ese sentido.
La segunda reserva apunta al corazón simbólico de la reforma: la propuesta de modificar el artículo 1 de la Constitución para establecer expresamente que uno de los deberes del Estado es la seguridad pública. Para Longton, el texto actual ya lo cubre. «El concepto del artículo 1 es lo suficientemente amplio porque habla de la seguridad de la nación y eso comprende la seguridad interior y exterior del Estado», argumentó, añadiendo que así ha sido entendido jurisprudencialmente. Su veredicto fue contundente: «Yo hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico». Dejó abierta, eso sí, una rendija: dijo que tendría que «ser persuadido de algo distinto» para cambiar de postura.
En cuanto al mapa político del debate, Longton dibujó un escenario de transversalidad parcial. Prevé buena disposición en parte de la centroizquierda —mencionó al PPD, al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana— y anticipó que el obstáculo vendrá del Frente Amplio y el Partido Comunista, aunque relativizó su peso: «tienen poca incidencia desde el punto de vista de la cantidad de integrantes en el Senado».
Sobre el calendario que maneja el Ejecutivo —sacar las propuestas antes de Navidad—, el senador fue escueto: «es un plazo muy optimista». Distinguió entre las reformas legales, donde ve margen para avanzar con rapidez, y las constitucionales, que exigen construir mayorías más amplias que las que hoy tiene la derecha. «Tienes que construir un marco mayor de los votos que tienes», precisó.
Los detalles cuentan la historia. Que un senador del partido de gobierno salga de la firma de un proyecto para enumerar sus reparos no es ruido menor: es la señal de que la ACOT deberá negociarse pieza por pieza, y que el consenso interno dista de estar cerrado.
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión clásica en los proyectos de seguridad ambiciosos: la tentación de acumular reformas constitucionales que, en la práctica, duplican herramientas ya existentes. Cuando un legislador afín al gobierno advierte que una medida es «más simbólica» que funcional, el costo político de empujarla sin ajustes puede superar el beneficio. La agenda de seguridad de Kast tiene músculo legislativo suficiente para avanzar en lo sustantivo; la pregunta es si el Ejecutivo priorizará resultados concretos o apostará por el gesto constitucional.
