La escena lo dice todo. Lluvia torrencial, gases lacrimógenos, porras y centenares de jóvenes avanzando de todas formas hacia el Parlamento de Nueva Delhi. El lunes 20 de julio de 2026, simpatizantes del Cockroach Janta Party (CJP) —el «Partido de las Cucarachas»— marcharon sin permiso policial para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en el mismo día en que arrancaba la sesión parlamentaria.
La Policía de Delhi había sido explícita: «no se ha solicitado ni concedido permiso para ninguna marcha o procesión de protesta». Las autoridades activaron la Sección 163, que restringe las reuniones de cinco o más personas, y confinaron cualquier concentración al área habilitada de Jantar Mantar, el punto de protesta habitual de la capital. Nada de eso detuvo a la columna.
El CJP denunció, con vídeos difundidos en redes sociales, que las fuerzas de seguridad golpearon a manifestantes para frenar el avance. La Policía de Delhi lo negó en X y aseguró que la protesta se estaba gestionando de manera «profesional». Las imágenes de gases lacrimógenos y cargas con porras circularon de todas formas.
Detrás de la jornada hay una historia más larga. El movimiento nació como una sátira en redes sociales, pero en pocas semanas se convirtió en el canal de una frustración real: las presuntas irregularidades y filtraciones en exámenes oficiales, entre ellos el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina que cada año mueve a millones de jóvenes indios. El activista Sonam Wangchuk, de 59 años y ganador en 2018 del premio Ramon Magsaysay —considerado frecuentemente el Nobel de Asia—, cumplía 21 días de huelga de hambre a base de agua y sal para exigir la renuncia de Pradhan cuando fue trasladado el sábado por la Policía de Delhi a un hospital por orden judicial.
La hospitalización forzosa de Wangchuk no apagó la protesta: la encendió. La marcha del lunes había sido convocada por él antes del traslado. Tras su hospitalización, el líder del CJP, Abhijeet Dipke, inició su propia huelga de hambre en Jantar Mantar; el lunes cumplía su tercer día de ayuno. El domingo, el Tribunal Superior de Delhi denegó la petición de la esposa de Wangchuk para trasladarlo a un hospital de su elección.
Los números explican parte del malestar. Según datos del Gobierno indio, la tasa de desempleo en 2025 se situó en el 3,1% entre los mayores de 15 años, pero trepó al 9,9% en el grupo de entre 15 y 29 años. En un país donde el acceso a plazas educativas y empleos públicos depende en buena medida de exámenes nacionales, la sospecha de que esas pruebas están manipuladas no es un agravio menor: es la destrucción del único ascensor social disponible para decenas de millones de familias.
Los detalles cuentan la historia. El CJP no es un partido en el sentido convencional; es, por ahora, un estado de ánimo organizado en torno a una demanda concreta: responsabilidad política. Sus simpatizantes responsabilizan a Pradhan de las filtraciones e irregularidades, y la figura de Wangchuk —un activista conocido internacionalmente, no un político de carrera— le da al movimiento una credibilidad que las redes sociales solas no habrían podido construir.
Para Hemisferio, la lectura es clara. Cuando el aparato estatal controla el acceso a la educación y al empleo mediante exámenes centralizados, la corrupción en esos procesos no es un escándalo burocrático: es el colapso del principio de mérito. Millones de jóvenes invierten años de esfuerzo y recursos familiares en prepararse para pruebas cuyo resultado, según las denuncias, puede comprarse o filtrarse. El grito de las cucarachas —irónico, irreverente, viral— es en el fondo una exigencia muy antigua: que las reglas del juego sean las mismas para todos. Que el Estado no sea el árbitro que también hace trampa. La respuesta del gobierno de Modi —gases lacrimógenos y órdenes prohibitivas— no responde esa pregunta. La aplaza.
