La escena lo dice todo. En una misma historia aparecen una investigación contra el Clan del Golfo, una grabación sobre presunto constreñimiento electoral, una denuncia por dinero perdido en la Casa de Nariño y una serie de interceptaciones que hoy tienen a siete miembros de la Policía judicializados junto con Laura Sarabia.
Fuentes confidenciales contaron que los policías condenados son los mismos que destaparon un audio que comprometía un presunto constreñimiento electoral. En ese episodio estuvo involucrado el coronel Óscar Dávila, entonces jefe del Grupo Investigativo contra Estructuras de Crimen Organizado, adscrito a la Dijín.
Según esas fuentes, antes del escándalo de Sarabia hubo un antecedente clave. Los agentes del Gredo–Dijín tenían la misión de localizar y capturar a Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, conocido como «Siopas», segundo al mando del Clan del Golfo. Para eso interceptaron el teléfono de su madre, Neila Quiroz, con la intención de hallar pistas sobre el paradero del cabecilla.
En mayo de 2022, esa línea dejó registrada una conversación entre la mujer y una de sus hijas, Yaneth Quiroz, a pocos días de las elecciones presidenciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En la grabación, la mujer dijo: «Hay que votar, eso manda a decir su hermano. Él manda a decir que por favor den el voto», y luego respondió «Por Petro» cuando le preguntaron por quién.
La filtración del audio desató un escándalo nacional y abrió una indagación preliminar de la Fiscalía para determinar si se estaba fraguando un constreñimiento ilegal para favorecer al candidato de la izquierda en los comicios. En ese momento, el jefe del Gredo–Dijín era Dávila. Alfonso Prada, entonces jefe de debate de Petro, rechazó cualquier constreñimiento y negó que la campaña aceptara apoyo de bandas criminales.
Para las fuentes, ese episodio marcó el destino de los agentes en el caso de las «chuzadas». A finales de agosto de 2022, pocos días antes de la llegada de Petro al poder, Dávila fue transferido al Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia. En esa designación fue clave el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, exjefe de Protección en la Casa Militar.
El siguiente giro llegó entre el 28 y 29 de enero de 2023. Según la investigación de la Fiscalía, Laura Sarabia, entonces jefa del gabinete presidencial y mano derecha del jefe de Estado, denunció que se había perdido dinero de un maletín y señaló a su niñera, Marelbys Meza, como posible responsable.
La Fiscalía expuso en audiencia de imputación que Sarabia se comunicó telefónicamente con Feria y le ordenó practicarle una prueba de polígrafo a Meza. Horas más tarde, añadió el ente acusador, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esa prueba.
La niñera fue llevada a un sótano del complejo presidencial, donde le hicieron el polígrafo y la intimidaron para tratar de sacarle una confesión que nunca dio. De acuerdo con los entrevistados, el Gobierno estaba decidido a montar un proceso contra Meza y, de paso, contra la empleada del aseo de Sarabia, Fabiola Perea.
El 30 de enero siguiente, una fuente humana que al parecer integraba el anillo de seguridad de «Siopas» escribió al WhatsApp de un agente del Gredo–Dijín. Ese informante ya había sido reclutado por Dávila cuando era jefe del grupo y tres meses antes había entregado datos que sirvieron para darle un golpe al Clan del Golfo.
Los agentes se reunieron con esa persona en Medellín. Allí entregó los teléfonos de alias «la Cocinera» y «la Madrina» —este último alias que habría sido inventado—, dos miembros del cartel que supuestamente estaban en Chocó y eran cercanas a «Siopas».
«El Gredo le dio credibilidad a esa fuente. Primero, porque la había reclutado el coronel Dávila, que mientras estuvo en el grupo fue un oficial muy respetado; y segundo, porque en los expedientes tenían referenciado el alias de la Cocinera en Chocó, desde noviembre de 2022. Todo cuadraba, por eso se interceptaron con tanta urgencia, porque esa gente cambia de simcard con mucha frecuencia», relató uno de los entrevistados.
Dos días más tarde empezaron las sospechas. «El analista de interceptaciones dijo que esas líneas no estaban ubicadas en Chocó, sino en Soacha, Cundinamarca, y que las personas que hablaban no tenían nada que ver con el tema», agregó.
El Gredo solicitó la cancelación de esas interceptaciones el 2 de febrero de 2026, ante el despacho de la Fiscalía 191 de la Dirección de Crimen Organizado, con sede en Quibdó. Luego apareció una segunda irregularidad: «Parece que los coroneles Dávila y Feria se dieron cuenta de que la Dijín iba a cancelar las líneas, entonces se le dio la orden al Grupo de Hurtos de la Sijín de Bogotá de interceptarlas», dijo una de las fuentes.
A partir de ahí, el caso dejó de ser solo una investigación contra un capo del narcotráfico. Se convirtió en una ventana a la trastienda del poder, donde una operación policial, una filtración y una reacción del entorno presidencial terminaron cruzándose con consecuencias institucionales todavía abiertas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que se lee en esta trama no es solo un episodio de abusos aislados: es el retrato de un aparato estatal que, según las fuentes, fue usado y reorientado en medio de lealtades políticas, urgencias de campaña y decisiones tomadas a puerta cerrada.
Los detalles cuentan la historia. Cuando la Policía y la Presidencia se mueven al mismo tiempo y sin controles claros, el costo lo paga la confianza pública. Y en este caso, el desenlace deja una advertencia incómoda: el poder sin límites termina devorando tanto la seguridad como el debido proceso, mientras el ciudadano común queda atrapado entre la burocracia y la arbitrariedad.
