Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer movieron el foco del debate político colombiano hacia una mezcla de denuncias, pedidos de investigación y protección de testigos. La escena lo dice todo. Lo que comenzó como una declaración a Revista Semana terminó convertido en una presión abierta sobre varias instituciones.
Ferrer, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, afirmó que la ex primera dama habría encabezado una organización ilegal con operaciones entre Venezuela y Colombia. También aseguró que Alcocer trasladó USD 2,5 millones desde el vecino país a Colombia. Pero, por ahora, no presentó documentos, fotografías ni las versiones de las personas señaladas. En otras palabras: las imputaciones proceden exclusivamente de la estratega catalana.
Ese matiz es decisivo. No hay pruebas públicas que respalden por ahora esas afirmaciones. Y aun así, el impacto político ya está en marcha. Las reacciones incluyeron solicitudes para que entidades colombianas y autoridades de Estados Unidos indaguen las denuncias. El caso dejó de ser un simple cruce de declaraciones y pasó a la trastienda del poder, donde el desenlace dependerá de si existen o no elementos verificables para abrir investigaciones formales.
Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, pidió que se conozcan los registros de las instituciones mencionadas y que se adopten medidas para resguardar a quienes puedan declarar. Dijo que quiere que las autoridades de Colombia, Estados Unidos y los demás países involucrados investiguen «a fondo estas graves denuncias». También pidió actuaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.
Germán Rodríguez también empujó el caso hacia el terreno institucional. Vinculó las declaraciones de Ferrer con supuestos movimientos de dinero ilícito, nexos con narcotráfico y tráfico de armas. Según el senador, la exfuncionaria habló de más de 50.000 euros atribuidos a Papá Pitu y de más de 250.000 euros que, según su versión, habría aportado Euclides Torres para un proyecto político. Rodríguez, además, dijo que Ferrer está asustada por su vida y pidió protección suficiente para ella.
La discusión se ensanchó con más voces del Congreso. El coronel Guillermo Blanco contrapuso las acusaciones contra Alcocer con cuestionamientos dirigidos a Ana Lucía Pineda por un viaje a París que, según expresó, fue pagado con recursos propios. Andrés Forero cuestionó el silencio que, a su juicio, existe dentro del Pacto Histórico frente a las denuncias. María Fernanda Cabal y Daniel Briceño reprodujeron la misma postura sobre las acusaciones.
Briceño escribió en X que «Petro ayudaba a los grandes narcos de Colombia con la «paz total», mientras que Verónica Alcocer llevaba droga a Venezuela en aviones oficiales, según Eva Ferrer». También agregó: «En la Casa de Nariño no solo operaba un cartel de corrupción sino también un cartel de la droga». Esas frases forman parte del pulso político, pero no sustituyen una verificación judicial.
En el fondo, el caso expone una tensión que Colombia conoce demasiado bien: cuando la sospecha política se mezcla con señalamientos de narcotráfico, tráfico de armas y uso de recursos públicos, la primera exigencia debería ser evidencia, no solo indignación. Para entender el presente hay que volver a esa semana. Si las denuncias se sostienen, el costo institucional será alto. Si no se sostienen, el país habrá visto otra vez cómo la reputación de las instituciones se desgasta en una guerra de acusaciones sin prueba pública suficiente.
Para Hemisferio, la clave no está en el ruido, sino en la rendición de cuentas. Si hubo dinero ilícito, armas o droga, debe investigarse hasta el final. Si no hubo nada de eso, también corresponde decirlo con la misma firmeza. El principio en juego es simple: en una democracia seria, ni el poder político ni sus alrededores pueden refugiarse en la opacidad. Y menos cuando la sospecha alcanza a figuras cercanas al centro del Estado.
