La escena lo dice todo. Un ciudadano dominicano lleva meses —quizás años— acumulando infracciones de tránsito sin pagar una sola. Luego llega el día en que necesita renovar su visa para Estados Unidos y, de pronto, la urgencia de ponerse al día se vuelve irresistible. Sobre ese comportamiento, el especialista en movilidad vial Dary Terrero construyó una propuesta que, si prospera, convertiría el consulado estadounidense en el cobrador más eficaz del Estado dominicano.
Terrero planteó públicamente, en el programa Juego Político y recogido por Hoy Digital, que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y el Estado dominicano evalúen un mecanismo para verificar si un solicitante de visa mantiene multas de tránsito pendientes. La idea no es convertir esas multas en un criterio migratorio formal, sino usarlas como incentivo de cobro: quien quiera tramitar su visa tendría razones poderosas para saldar sus deudas con el tránsito antes de presentarse al consulado.
«El dominicano protege su visa con la vida», dijo Terrero, según la publicación. Y añadió que, si ese esquema comenzara a aplicarse, serían los propios ciudadanos quienes difundirían la necesidad de ponerse al día antes de acudir al consulado. El boca a boca haría parte del trabajo que el aparato estatal no ha logrado hacer por sí solo.
El especialista fue cuidadoso en delimitar el alcance de su propuesta. Aclaró que la revisión de multas sería un instrumento de incentivo al pago y no una condición sustantiva de la política consular estadounidense, y que el planteamiento no significa que la representación diplomática use hoy las multas de tránsito como criterio para aprobar, negar o condicionar una visa. Lo que propone es abrir una conversación institucional para determinar si existe una vía de cooperación jurídicamente viable, sin transferir competencias que corresponden a las autoridades dominicanas ni modificar los procedimientos de evaluación migratoria establecidos por Estados Unidos.
El trasfondo que motiva la iniciativa es grave. Terrero sostuvo que el tránsito, el transporte y la inseguridad vial constituyen una emergencia en República Dominicana, y afirmó que cada año mueren unas 4,000 personas en el país por esa causa. Esa cifra convierte la cuestión en algo más que un debate burocrático sobre multas impagas.
La propuesta tiene tres componentes articulados. Primero, incentivar el pago de las multas acumuladas usando el trámite consular como palanca. Segundo, dar mayor claridad al destino de esos recursos. Tercero, destinar una parte de lo recaudado al desarrollo y mantenimiento de un sistema de fotomultas que permita detectar infracciones de manera automatizada y ampliar la vigilancia en zonas donde no es posible sostener presencia permanente de agentes.
Para el marco legal, Terrero señaló que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prevé facultades para que el Intrant implemente mecanismos destinados a mejorar el control en las vías. El sistema de fotomultas, según la explicación recogida por Hoy Digital, serviría para documentar infracciones mediante equipos tecnológicos, producir pruebas sobre las faltas cometidas y mejorar la transparencia sobre el uso de los fondos generados por las sanciones.
Los detalles cuentan la historia. Lo que Terrero describe no es, en el fondo, una reforma migratoria ni una intromisión consular: es el reconocimiento de que el Estado dominicano no ha logrado que sus propios ciudadanos cumplan obligaciones básicas, y que necesita apoyarse en la influencia de una potencia extranjera para lograrlo.
Desde la perspectiva de Hemisferio, la propuesta revela algo incómodo pero útil: cuando el aparato estatal carece de credibilidad o capacidad de ejecución, los ciudadanos solo responden ante incentivos concretos. Usar el trámite de visa —un bien que el dominicano, según Terrero, «protege con la vida»— como mecanismo de cumplimiento es, paradójicamente, más honesto que fingir que la burocracia local puede imponer disciplina por sí sola. El verdadero desafío no es si la embajada acepta o no la idea, sino por qué el Estado dominicano necesita pedirle prestada su autoridad para cobrar sus propias multas.
