La escena lo dice todo.
Una excavadora oruga remueve placas de concreto en la parroquia Caraballeda, en La Guaira. A un costado, bajo la sombra de un árbol, Lorena Laya, 24 años, espera con los ojos fijos en la máquina. Cuando la excavadora trabaja, ella no se mueve. Cuando la excavadora se apaga, busca señal para su teléfono y cuenta lo que está viviendo.
«Si sobreviví fue para encontrarlos. Estoy dándolo todo para lograrlo».
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 ocurrieron a las 18:05, hora local, en un día feriado: Venezuela conmemoraba la Batalla de Carabobo. La familia de Lorena había hablado de ir a los tambores de San Juan en Naiguatá, a unos 13 kilómetros de Caraballeda. Esa conversación fue la última que Lorena tuvo con su madrastra, Nohelia Iriarte, de 45 años.
Cuando Lorena llegó a La Guaira y vio el edificio colapsado, según sus propias palabras, «el corazón se me puso chiquitico y sentí la garganta cerrada».
Bajo los escombros del edificio 27 del complejo OPP —Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales— estaban su padre Henry Laya, de 55 años, su madrastra Nohelia, y sus hermanos Diego, de 14, y Giannys, de 6. Nohelia vivía en el piso 3. Su hermana, también damnificada décadas atrás, ocupaba el piso 11 del mismo edificio y sobrevivió.
La historia detrás de los escombros
Para entender el presente hay que volver a diciembre de 1999. El deslave de Vargas —nombre con el que se conocía entonces al estado de La Guaira— arrasó comunidades enteras. La tragedia causó la muerte de entre 10.000 y 30.000 personas, según las estimaciones disponibles, y dejó a unas 100.000 sin hogar. La casa familiar de Nohelia Iriarte, en Carmen de Uria, quedó sepultada bajo el barro. Los Iriarte vivieron en refugios durante años.
Fue el gobierno del expresidente Hugo Chávez el que les asignó un apartamento en el complejo OPP, dentro del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, concebido inicialmente para reubicar a los damnificados de aquella catástrofe.
Veintiséis años después, ese mismo apartamento colapsó.
El colapso de más de 100 edificios de la Misión Vivienda en La Guaira ha desencadenado, según la fuente consultada, críticas contra el gobierno venezolano y cuestionamientos sobre la calidad de los materiales usados en la construcción de los complejos residenciales.
La búsqueda
Lorena recorrió hospitales y morgues durante los primeros días. El sábado 27 de junio, tres días después de los sismos, llegó al Hospital José María Vargas de La Guaira. Un militar le dio guantes y le advirtió que tenía veinte minutos: los cuerpos serían trasladados pronto. Por primera vez en su vida vio cuerpos apilados, apenas cubiertos con sábanas o toallas.
«Para mí fue impactante ver los charcos de sangre. Los tenían ahí amontonados, como si no tuvieran historia ni familia, como si no valieran nada», relató.
Al no encontrar a sus familiares en ninguna morgue, Lorena comenzó a escarbar con sus propias manos en las ruinas del OPP 27. «Es muy difícil, a veces te encuentras un pie o con un pedazo como de vértebra», describió. Con el paso de los días, la búsqueda manual se agotó y la preocupación giró hacia la escasez de maquinaria pesada. A tres semanas de los sismos, según la fuente, en redes sociales seguían circulando videos en los que sobrevivientes y rescatistas pedían excavadoras.
En dos ocasiones, Lorena dice haber evitado que la maquinaria se llevara restos humanos por no estar vigilando de cerca.
Duerme en casa de su abuelo paterno. Solo regresa a Caracas cuando necesita ropa limpia. El resto del tiempo, la carpa que dejaron unos vecinos —quienes ya encontraron a sus propios familiares— es su único refugio.
Lo que revelan los escombros
El caso de Lorena Laya no es una anécdota al margen de la tragedia: es su síntesis más precisa. Una familia que perdió su hogar en 1999, que esperó años en refugios y que recibió del aparato estatal un apartamento en un edificio que, según las críticas documentadas, pudo haber sido construido con materiales deficientes.
La pregunta que los escombros de Caraballeda plantean no es solo humanitaria. Es una pregunta sobre responsabilidades: quién construyó, con qué estándares, bajo qué supervisión y con el dinero de quién. Cuando el Estado sustituye al mercado en la provisión de vivienda y concentra esa función en organismos como la OPPPE, la cadena de rendición de cuentas se rompe. Las familias reciben las llaves. Nadie responde por la calidad de las paredes.
Lorena sigue junto a la excavadora. Los detalles cuentan la historia.
