La escena lo dice todo. El día de la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, integrantes del Cuerpo Electoral Docente de la Facultad de Ciencias Económicas no pudieron ingresar al centro de votación en Antigua Guatemala. No fue un malentendido menor: según el comunicado que ese cuerpo electoral dirigió a su claustro, a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca, la situación habría afectado a más de 18 cuerpos electorales de distintos sectores y unidades académicas.
Los firmantes del documento fueron elegidos formalmente para integrar el órgano electoral de su facultad, con el mandato expreso de participar en la elección rectoral. Según el pronunciamiento, su designación representó una manifestación legítima de la voluntad del sector. Sin embargo, hasta la fecha de publicación del comunicado, ese cuerpo electoral no había podido ejercer su función.
Los obstáculos descritos en el texto son concretos. El comunicado menciona inconsistencias en el traslado y valoración de los resultados electorales. Señala también un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC que habría sido utilizado para no acreditar al cuerpo electoral. Y documenta la imposibilidad material de ingresar al recinto el día de los comicios.
Los docentes son explícitos en un punto que conviene subrayar: su pronunciamiento, afirman, no responde a inconformidades por haber perdido una contienda electoral. La distinción importa. Lo que reclaman no es el resultado, sino el reconocimiento de que la voluntad legítimamente expresada por sectores universitarios no produjo los efectos institucionales correspondientes. En sus propias palabras, defienden «el principio de legalidad dentro de la universidad».
El comunicado también aclara que las denuncias presentadas contra determinados funcionarios se encuentran bajo investigación y que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer los hechos y las responsabilidades legales. Los firmantes asumieron el compromiso de dar seguimiento a esos procesos e informar a la comunidad sin anticipar juicios, preservando la documentación pertinente.
El tono del texto busca deliberadamente el diálogo antes que la confrontación. Los académicos llamaron a no alimentar divisiones personales ni estigmatizar a quienes sostienen posiciones distintas. Proponen que las diferencias se resuelvan a través de argumentos, pruebas y procedimientos legítimos, y apelan a la recuperación de espacios de confianza y participación democrática.
Para garantizar ese proceso, el comunicado solicita el acompañamiento de autoridades universitarias y estatales, organizaciones civiles y gremiales, instituciones de derechos humanos, medios de comunicación y organismos internacionales. Pide que se garantice la integridad y la libertad de expresión de quienes participan, así como la protección de sus familias y compañeros de trabajo, y que cualquier incidente sea investigado con prontitud e imparcialidad.
Los firmantes reafirman su compromiso con la autonomía universitaria, la excelencia académica, la transparencia en los procesos de elección y el servicio público de la universidad. El comunicado concluye con una frase que resume la postura del grupo: «La verdad histórica se defiende con memoria; la legitimidad, con pruebas; y la Universidad, con principios».
Lo que está en juego en la USAC trasciende la disputa por un cargo. Una universidad pública que no puede garantizar que sus propios cuerpos electorales ingresen al recinto de votación tiene un problema de legitimidad institucional que ningún dictamen jurídico puede resolver por sí solo. La autonomía universitaria —ese principio que la casa de estudios invoca con frecuencia frente al Estado— exige, antes que nada, que los procedimientos internos sean confiables y que la voluntad de los sectores elegidos produzca efectos reales. Cuando el aparato burocrático de la propia institución se convierte en el obstáculo, la autonomía se vacía de contenido. Guatemala merece una USAC con autoridades cuya legitimidad no esté en disputa.
