La escena lo dice todo.
Cuando la revista Semana publicó que la salida del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, guardaba relación con el retiro del esquema de seguridad de Juliana Guerrero —exfuncionaria del Ministerio del Interior y activista política—, la respuesta institucional no tardó. La UNP emitió un comunicado que, en su tono y extensión, reveló algo más que una simple aclaración: reveló la incomodidad de un aparato estatal que cierra ciclo bajo presión.
La entidad fue categórica. Calificó de «absolutamente falso» cualquier vínculo entre la renuncia de Rodríguez y el caso Guerrero, y encuadró ambos hechos en la misma lógica administrativa: el fin del gobierno de Gustavo Petro y la transición ordinaria entre administraciones. «Hoy termina este Gobierno», señaló la UNP en su pronunciamiento, y recordó que ministros, directores y demás servidores públicos protegidos deben pasar exactamente por el mismo proceso que Guerrero.
El argumento central de la defensa oficial es procedimental. Según la UNP, toda persona amparada en su condición de funcionaria pública debe surtir una transición al dejar el cargo: cambiar de población objeto de protección y someterse a un nuevo estudio de nivel de riesgo. En el caso de Guerrero, que recibía cobertura como exfuncionaria del Ministerio del Interior, la continuidad del esquema exigía que acreditara de nuevo su condición de lideresa social estudiantil y activista política, base anterior de su protección. «Este no es un procedimiento excepcional», insistió la entidad.
La respuesta oficial también incluyó una desmentida directa sobre una eventual intervención presidencial. La UNP aseguró que no existió «orden presidencial alguna» para favorecer a Guerrero ni actuación orientada a manipular la asignación de medidas de protección. Rodríguez, precisó la entidad, fue el funcionario que informó al propio presidente Petro sobre la situación del esquema de la exfuncionaria.
Los detalles cuentan la historia.
El comunicado fue también un ataque frontal contra Semana. La UNP acusó a la publicación de reproducir afirmaciones del dirigente sindical Wilson Devia «sin verificar los hechos con la institución competente» y de omitir deliberadamente el contexto normativo del caso. Añadió, además, que el medio no tuvo en cuenta los antecedentes judiciales de Devia. La formulación fue directa: «Con esta publicación, la revista Semana demuestra que, en su afán por atacar a la UNP y al Gobierno nacional, omitió deliberadamente explicar un procedimiento que aplica a todos los funcionarios públicos protegidos».
La UNP cerró su pronunciamiento con una declaración de principios sobre su gestión durante cuatro años: transparencia, respeto por la ley, aplicación estricta de los procedimientos y objetividad en los estudios de riesgo. «Sin excepciones ni privilegios para nadie», fue la frase final.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El episodio expone una tensión clásica de los cierres de gobierno: la línea entre el protocolo legítimo y el uso discrecional del aparato estatal es, con frecuencia, más delgada de lo que los comunicados oficiales admiten. Que la UNP haya sentido la necesidad de emitir una defensa tan extensa —atacando a un medio, cuestionando las fuentes de ese medio y exonerando explícitamente al presidente— dice más sobre el clima político del momento que sobre la solidez del argumento procedimental.
Desde la perspectiva del libre mercado y del Estado de derecho, el problema de fondo no es si el protocolo existía o no. El problema es que la ciudadanía colombiana financia con sus impuestos un aparato de protección cuya lógica de asignación, en el mejor de los casos, resulta opaca para el escrutinio público y, en el peor, susceptible de convertirse en moneda de cambio político. Que la entidad haya debido salir a aclarar que no hubo «privilegios para nadie» es, en sí mismo, la admisión de que la pregunta era razonable.
