La escena lo dice todo. En un debate de control político en el Congreso, el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, puso sobre la mesa un dato incómodo: varios congresistas, exministros y exfuncionarios del gobierno Petro «se llevaron los vehículos» de la entidad y «no los han entregado», aunque no dio nombres.
La frase no quedó en un vacío retórico. Blanco explicó que hay trámites pendientes, pero sostuvo que, mientras se resuelven, los vehículos deberían ser devueltos. Según su exposición, la transición ha sido difícil porque la entidad debe requerir a quienes conservaron los automotores y ellos pueden recurrir.
El señalamiento apareció en medio de una comparecencia en la que el funcionario también habló de otros expedientes de la UNP. Uno de ellos fue el esquema de protección de Juliana Guerrero, cuyo costo, dijo Blanco, fue de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. La cifra fue revelada en el mismo debate de control político al que asistió en el Congreso de la República este martes en la mañana.
Blanco añadió que Guerrero fue condenada hace unas semanas por presentar títulos falsos para aspirar a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad de Gustavo Petro. La UNP ya le había retirado el esquema de protección que le había sido asignado durante ese gobierno, y la Procuraduría cuestionó a la entidad por ese caso.
En abril, Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, había dicho que Guerrero contaba con un esquema de seguridad de la UNP pese a no ser funcionaria pública y cuestionó la rapidez con la que, según ella, se habría aprobado la protección. Luego, EL COLOMBIANO conoció la resolución que detallaba las medidas asignadas a Guerrero.
Ese documento, fechado el 13 de mayo de 2025, señala que para ese momento Guerrero tenía un nivel de riesgo «extraordinario» en su condición de secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior. La valoración fue realizada por el Cerrem, comité integrado por varias entidades que evalúan las condiciones de riesgo y recomiendan las medidas de protección.
Con base en esa valoración, a Guerrero le fue asignado un vehículo blindado y dos personas de protección de la UNP por un periodo de 12 meses; es decir, se vencía en mayo de este año. En medio de los cuestionamientos, el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que el trámite para proteger a Guerrero se originó en una solicitud institucional.
Rodríguez también dijo: «En la misma solicitud se incluía un listado de enlaces que serían la base de los riesgos que justificaban la protección. Curiosa contradicción». Ahora será la Procuraduría la que determine si los procedimientos utilizados para estudiar los riesgos de Guerrero y Muñoz se ajustaron a las normas y si existieron irregularidades en las decisiones adoptadas por la UNP, el Ministerio del Interior y el Cerrem.
En enero de 2025, el entonces presidente Petro presentó a Guerrero en televisión nacional como una joven entusiasta, líder y rebelde. Poco después comenzaron a aparecer denuncias sobre las maniobras que habría hecho para falsificar su diploma de graduación y conseguir así el cargo de viceministra de Juventud. La Fundación Universitaria San José expidió el título chiviado y el hecho terminó quedando demostrado.
Pero incluso cuando el escándalo ya estaba por todas partes, Petro salió varias veces en su defensa. En lugar de reclamar explicaciones, sostuvo que la estaban atacando por ser pobre, negra y hasta por ser mujer, cuando el cuestionamiento de fondo era su título falso. Finalmente, Guerrero fue condenada a tres años de prisión después de aceptar que falsificó su diploma para convertirse en viceministra. Pidió perdón y reconoció que terminó siendo un mal ejemplo para los jóvenes del país.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La UNP no solo carga con la discusión sobre camionetas que no han sido devueltas; también quedó expuesta por decisiones de protección que, según las propias actuaciones citadas en el Congreso, terminaron rodeadas de costos altos, trámites opacos y preguntas todavía sin respuesta. Los detalles cuentan la historia.
El giro de fondo es político y fiscal a la vez. Cuando una entidad de protección administra vehículos, escoltas y esquemas con dinero público, cada demora en las devoluciones y cada decisión mal sustentada se convierten en una carga para el contribuyente y en una señal de desorden institucional. Lo que está en juego no es solo una flota: es la obligación del Estado de cuidar sus recursos con reglas claras.
También hay un mensaje de fondo para quienes hicieron del aparato estatal un botín de privilegios. Si hubo exfuncionarios que salieron del cargo y retuvieron vehículos de la UNP, el Estado tiene el deber de recuperarlos. Y si los esquemas de protección se asignaron sin el rigor debido, la rendición de cuentas debe llegar hasta el final. Ahí se mide la diferencia entre una burocracia que protege a los ciudadanos y una que se protege a sí misma.
