Los números estaban sobre la mesa desde la noche del conteo. El Dr. Emilio Moreno obtuvo el 56% de la ponderación total en las elecciones de la Universidad de Panamá. Su competidora más cercana alcanzó el 19,9%. La diferencia: 36,1 puntos porcentuales en un campo de seis candidatos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. En cualquier proceso electoral del mundo, una brecha de esa magnitud se lee como un triunfo arrollador. En el sistema de voto ponderado que rige a la institución, el sufragio estudiantil representa el 30% de la ponderación total. Eso significa que, aunque los impugnantes obtuvieran el cien por ciento de los votos de los estudiantes que alegan ausentes del padrón —un escenario que los propios críticos de la impugnación califican de generoso—, la distancia matemática sería infranqueable.
Los detalles cuentan la historia. El respaldo al Dr. Moreno no provino de un solo sector. Según el análisis difundido por la Asociación de Docentes de la Universidad de Panamá (ADUPA), cuyo presidente firmó un texto sobre el tema, el 60% de los profesores votó por su proyecto. Estudiantes y personal administrativo también se inclinaron mayoritariamente por su candidatura. Tres estamentos, un mismo resultado.
A pesar de eso, días después de la jornada electoral se presentó una impugnación ante el Ministerio Público. El argumento central: que presuntamente faltaron estudiantes en el padrón electoral. El presidente de ADUPA señala que dicho padrón estuvo disponible públicamente durante meses —en vitrinas, páginas web y facultades— bajo el principio de publicidad que caracteriza el proceso. Las observaciones, dice, debieron presentarse entonces, no después de conocidos los resultados adversos.
La pregunta que circula en los pasillos de la universidad es directa: ¿qué persiguen realmente estas acciones jurídicas? Según el presidente de ADUPA, no existe escenario posible en que el resultado varíe. Para revertirlo no bastaría con sumar votos de estudiantes ausentes; también sería necesario que más de la mitad de quienes votaron por Moreno cambiaran de posición. Ningún recurso legal resuelve eso.
La respuesta que los propios docentes se dan en los pasillos apunta a otra dirección: empañar el proceso, sembrar dudas y deslegitimar un triunfo que la comunidad refrendó con claridad. El presidente de ADUPA no desconoce el derecho de acudir a instancias pertinentes, pero hace un llamado a lo que llama «cordura y grandeza política».
La escena lo dice todo. Una universidad pública, con sus tensiones propias, celebró una elección con seis candidatos, padrón público y resultado nítido. La respuesta institucional esperada —aceptar la voluntad mayoritaria y planificar el futuro— cedió paso a recursos que, según quienes los analizan, carecen de viabilidad jurídica porque una impugnación, para prosperar, debe afectar el resultado en su esencia.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra un principio que vale para cualquier institución, pública o privada: la legitimidad de un proceso no se mide solo por sus reglas formales, sino por la disposición de los actores a respetar lo que esas reglas producen. Cuando la diferencia es de 36 puntos y tres estamentos convergen en el mismo nombre, el debate ya no es sobre los números; es sobre si algunos actores priorizan el bien institucional o sus propios intereses de corto plazo.
El aparato de recursos judiciales sin sustento matemático tiene un costo que va más allá de lo procesal: erosiona la confianza en las instituciones, distrae energías de la gestión académica y envía una señal peligrosa a los estudiantes que aprendieron, en las aulas de esa misma universidad, que la democracia exige aceptar también los resultados que no nos favorecen. La Universidad de Panamá merece ese ejemplo.
