La escena lo dice todo. En la Universidad Autónoma de Zacatecas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, puso sobre la mesa la tensión central de la educación superior pública en México: más demanda, más matrícula y más presión sobre un sistema que, según sus propios números, todavía no alcanza la cobertura de otros países.
Lomelí sostuvo que México necesita ampliar la educación superior pública para atender a jóvenes que enfrentan barreras económicas, territoriales y académicas. Pero advirtió que cualquier expansión debe ir acompañada de personal suficiente, infraestructura, apoyos estudiantiles y financiamiento estable. Sin ese soporte, dijo, la ampliación pierde fuerza y la calidad queda en riesgo.
Los números que expuso muestran el tamaño del desafío. La educación superior mexicana atiende a 5.52 millones de estudiantes, de los cuales alrededor de 3.42 millones se forman en instituciones públicas. Eso equivale a cerca de 62% de la matrícula total y convierte al sector público en el principal soporte de la formación superior del país.
En 10 ciclos escolares, la matrícula de este nivel pasó de 4.24 a 5.52 millones de estudiantes, un crecimiento cercano a 30%. Aun así, el rector insistió en que la distancia frente a otros sistemas sigue siendo amplia. Entre 2014 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años con educación superior subió en México de 20.3% a 29.1%, mientras que el promedio de la OCDE llegó a 48.7%.
Ese contraste es el centro del giro. México avanzó, pero no lo suficiente para cerrar la brecha. Lomelí habló de una universidad pública más incluyente, capaz de ampliar oportunidades educativas y acompañar las trayectorias del estudiantado desde múltiples enfoques. También subrayó que ninguna institución puede cumplir cabalmente sus responsabilidades sin un financiamiento suficiente, estable y acorde con la magnitud de sus tareas.
Durante la sesión de preguntas, fue más directo. Dijo que los recursos destinados a la educación, particularmente a la superior, «no son un gasto, sino una inversión». También llamó a transparentar su uso y actuar con austeridad para que la sociedad conozca su destino y acompañe los esfuerzos de las instituciones.
El financiamiento, en su visión, no es una partida a recortar por reflejo burocrático, sino el combustible de una política pública que debe producir resultados medibles. «Contar con los recursos necesarios permite sostener proyectos de largo plazo, ampliar sus alcances y procurar que sus resultados se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad», afirmó.
Lomelí reiteró además su convicción de no cobrar cuotas y sostuvo que se debe financiar el fondo de gratuidad para las universidades estatales que aceptaron dejar de cobrarlas. En el mismo paquete colocó la necesidad de renovar la docencia, la investigación y la gestión con criterios académicos y atención a las necesidades de las comunidades universitarias.
También advirtió sobre los cambios tecnológicos. La universidad pública, dijo, debe incorporar nuevas tecnologías sin perder la centralidad de la creatividad, la iniciativa de las personas y los valores éticos. Añadió que debe preservar la calidad, el rigor y la libertad intelectual en todas sus funciones.
El rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, enmarcó la jornada como parte de los trabajos conjuntos entre la UNAM y la UAZ derivados de un convenio firmado el año pasado. Recordó que México cuenta con una red amplia de universidades con historias, contextos y responsabilidades distintas, pero unidas por una misión común: formar, investigar, generar conocimiento y contribuir al desarrollo del país.
Defender la universidad pública, dijo, es defender el futuro del país. En esa frase se condensa el debate de fondo: si el Estado quiere más cobertura, debe sostenerla con dinero suficiente, reglas claras y rendición de cuentas. La libertad académica y la autonomía universitaria, insistió Lomelí, no se preservan con discursos vacíos, sino con financiamiento estable y transparencia.
Para una administración pública que presume prioridades sociales, la universidad aparece aquí como una prueba de consistencia. Si la expansión educativa es real, el aparato estatal tendrá que respaldarla; si no, la promesa de más acceso quedará atrapada entre la matrícula creciente y la escasez de recursos. Los detalles cuentan la historia.
