La escena lo dice todo. Más de 800 investigadores y especialistas reunidos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en Buenos Aires, para debatir el futuro de la educación superior en la región. El encargado de la conferencia principal fue Renato Janine Ribeiro, doctor en Filosofía por la Universidad de São Paulo (USP), exministro de Educación de Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff en 2015, y miembro titular de la Academia Brasileña de Ciencias desde 2024.
El encuentro, titulado «La universidad como objeto de investigación», puso sobre la mesa preguntas que los sistemas universitarios de América Latina llevan décadas esquivando: ¿cuántos jóvenes deben pasar por las aulas?, ¿quién paga la cuenta?, ¿tiene sentido una universidad para todos?
El número que incomoda
Ribeiro abrió con una comparación que sitúa el debate en perspectiva global. En Corea del Sur, alrededor del 71% de los jóvenes alcanza la educación universitaria. En Argentina, cerca del 40% de la población de entre 18 y 24 años está matriculada en universidades. En Brasil, el indicador es distinto y no directamente comparable: alrededor del 25% de la población se gradúa.
«Una sociedad en la que casi toda la población tiene educación superior es, sin duda, intelectualmente más rica», reconoció Ribeiro. Pero añadió la condición que el debate político suele omitir: «Eso también exige un financiamiento muy robusto, que no es fácil de conseguir».
La frase resume la tensión estructural de los sistemas universitarios públicos de la región. Acceso masivo y gratuidad son banderas políticas de alto rendimiento electoral. El costo real por estudiante y la calidad del egresado son, en cambio, datos que se administran con discreción.
El debate argentino, en primer plano
En Argentina, el financiamiento universitario ha ocupado el centro de la disputa política durante los últimos dos años y medio. Según cifras difundidas por la UBA y recogidas en la entrevista, el gasto por estudiante en esa casa de estudios es diez veces menor que el de la Universidad de São Paulo. Ribeiro fue cauteloso: «No conozco esas cifras, por lo tanto no puedo discutir esa comparación en particular», dijo, aunque señaló que la UNTREF le causó «una muy buena impresión» en cuanto a sus instalaciones.
El exministro también fue consultado sobre el debate argentino en torno al cobro de aranceles a estudiantes extranjeros y sobre la confrontación de los gobiernos de Javier Milei y Jair Bolsonaro con las universidades públicas. Sobre el acceso de argentinos a universidades brasileñas, fue directo: «Los estudiantes argentinos en las universidades de Brasil tienen las mismas condiciones que los brasileños».
Técnicos versus universitarios: una falsa dicotomía
Otro eje del encuentro fue la formación técnica y terciaria, frecuentemente presentada como alternativa necesaria frente a la masificación universitaria. Ribeiro reconoció que en países como Finlandia o Alemania la enseñanza técnica ocupa un lugar central para los jóvenes que a los 18 años quieren incorporarse al mercado laboral. Pero matizó el argumento con el caso de la enfermería: en Brasil, los enfermeros tienen formación universitaria, y muchos técnicos en enfermería buscan después completar una carrera universitaria para mejorar tanto su formación como sus ingresos.
«Me parece fundamental discutir qué tipos de formación necesitamos y qué lugar debería ocupar cada una», concluyó.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El encuentro en la UNTREF no fue un evento académico más: fue el termómetro de un sistema que siente la presión del ajuste fiscal, la competencia de la formación técnica y la pregunta incómoda sobre si la gratuidad irrestricta es sostenible sin un financiamiento a la altura.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el diagnóstico de Ribeiro confirma lo que el debate político en Argentina suele eludir: la masividad sin recursos suficientes no es democratización, es dilución. Un sistema que matricula al 40% de sus jóvenes pero no puede garantizar calidad ni graduación oportuna no sirve bien ni al estudiante ni al contribuyente que lo financia. La pregunta que nadie en la sala formuló en voz alta es la más urgente: ¿cuánto cuesta cada egresado y quién debe pagarlo? Mientras esa cuenta permanezca fuera del debate público, la universidad latinoamericana seguirá siendo un símbolo poderoso y un instrumento frágil.
