La escena lo dice todo. El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, lleva apenas días como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y ya tiene en el escritorio dos frentes simultáneos: las nuevas reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) para los concursos posdoctorales de 2027 y la reforma a Becas Chile impulsada por el gobierno. Ninguno de los dos le entusiasma tal como está planteado.
«Tenemos que tener la capacidad de persuadir al Ejecutivo de que lo que se destina a investigación no es gasto, es inversión», dijo Corrales en el programa Desde la Redacción de La Tercera. La frase resume el argumento central del CRUCH en un momento de estrechez fiscal: que recortar ciencia en tiempos difíciles es exactamente lo contrario de lo que hacen los países desarrollados, que según el rector «redoblan sus apuestas en materia de investigación, innovación y transferencia tecnológica para revitalizar su sector productivo» cuando las restricciones aprietan.
La disputa por Fondecyt
El punto más concreto de fricción es el concurso Fondecyt posdoctoral. El CRUCH presentó al Ministerio de Ciencia una discrepancia formal con las modificaciones introducidas a las bases del concurso. El primer reparo es técnico pero de consecuencias amplias: la nueva exigencia de que los postulantes tengan residencia definitiva en Chile antes de concursar. Para Corrales, esa condición «va a dificultar la atracción de capital humano avanzado extranjero que el país necesita».
El segundo reparo es de filosofía institucional. El gobierno busca usar Fondecyt para focalizar recursos en áreas prioritarias. El CRUCH no se opone a la focalización en sí, pero sí al instrumento elegido. «Fondecyt en Chile ha dado excelentes resultados y creemos que debe preservarse con las características que ha tenido hasta ahora», señaló el rector.
La respuesta del ministerio fue, por ahora, un gesto de apertura: una reunión con la ministra de Ciencia y el compromiso de continuar el diálogo durante las semanas siguientes, incluyendo a la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Corrales reconoció «buena acogida» a las propuestas del consejo, aunque sin anunciar ningún acuerdo concreto.
Becas Chile: el diagnóstico incómodo
Sobre la reforma a Becas Chile, el rector fue más matizado. Reconoció que la política puede y debe ser evaluada, pero defendió su balance general: ha permitido al país «contar con un capital humano avanzado más robusto». El problema que identifica el CRUCH no está tanto en las becas como en el destino de quienes regresan: «hemos tenido más que un problema con las Becas Chile en sí misma, con la capacidad que tiene el sistema productivo chileno de incorporar laboralmente a las personas que vienen con grados de doctor o posdoctorados desde el extranjero».
Es un diagnóstico que el propio gobierno comparte en parte, aunque las soluciones que propone generan resistencia en el sector universitario.
Gratuidad: sin cuestionamiento oficial, pero con flecos
Corrales fue explícito en descartar que la gratuidad universitaria esté sobre la mesa: «No tengo hasta ahora la impresión de que la gratuidad universitaria se haya cuestionado. Hay un compromiso del gobierno de no retroceder en derechos sociales». Aun así, abrió una puerta: «hay aspectos del financiamiento que no están totalmente resueltos y hay aspectos de la gratuidad que pueden ser rediseñados».
En paralelo, el rector reconoció que la Confech y otros organismos estudiantiles están generando una «inquietud» visible en el ambiente universitario, aunque aclaró que durante este año el transcurrir académico ha sido «muy normal» y que no percibe todavía una orgánica de movilización consolidada.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana de reuniones a puerta cerrada entre rectores y ministerios. El CRUCH pide que el Estado invierta más en ciencia precisamente cuando el Estado busca gastar menos en casi todo. El argumento de la «inversión contracíclica» es legítimo y tiene respaldo empírico en economías avanzadas. Pero también conviene hacerse la pregunta incómoda: ¿quién evalúa si esa inversión rinde? ¿Qué mecanismo de rendición de cuentas existe para los fondos que el contribuyente aporta al sistema universitario público?
La defensa del statu quo de Fondecyt —«ha dado excelentes resultados, preservémoslo»— es comprensible desde la academia, pero insuficiente como argumento fiscal en tiempos de ajuste. Los detalles cuentan la historia: un sistema de educación superior que recibe financiamiento estatal masivo, incluida la gratuidad, tiene la obligación de demostrar con datos concretos que ese gasto —o esa inversión, como prefiere llamarlo el CRUCH— produce retornos medibles para la sociedad que lo financia. Ese es el debate que Chile todavía no ha tenido con la profundidad que merece.
