La escena lo dice todo. Un aspirante de Nuevo León abre su cita en el portal de la UNAM y lee: sede Tijuana. Otro, de Yucatán, descubre que debe presentarse en Oaxaca. En redes sociales, los casos se multiplicaron durante el fin de semana hasta convertirse en una avalancha de quejas que la institución decidió no atender con cambios, sino con recomendaciones de logística.
El origen del problema está en la primera prueba, la que se aplicó en línea. Una revisión del proceso detectó «resultados estadísticamente atípicos» y posibles irregularidades, entre ellas el uso de inteligencia artificial para hacer trampa. La respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México fue ordenar un examen presencial de control de ingreso a licenciatura para los 58,783 aspirantes que habían presentado esa evaluación virtual.
El viernes, la UNAM habilitó la consulta de citas individuales con fecha, sede y horario. Hasta la tarde del domingo, 43,619 aspirantes — el 74.3% de los convocados — ya habían obtenido su asignación, según informó la institución en un comunicado.
La universidad defendió el esquema de distribución. En las recomendaciones anexas a las citas, difundidas por los propios aspirantes en redes sociales, señaló que la asignación se realizó mediante «criterios de regionalización» con el objetivo de reducir, «en la medida de lo posible», los tiempos y costos de traslado. Y cerró el argumento con una línea que no dejó espacio a la negociación: «Por esta razón, no será posible realizar cambios de sede».
La institución reconoció que el proceso puede implicar un traslado desde el lugar de residencia y recomendó a quienes deban recorrer largas distancias organizar con anticipación el transporte, el hospedaje y la alimentación.
Como parte del operativo, la UNAM destacó que habilitó, «por primera vez», tres sedes fuera de Ciudad de México: León, Oaxaca y Tijuana. El argumento fue acercar el proceso a los jóvenes de otros estados. Sin embargo, los casos documentados en redes sociales apuntan en sentido contrario: aspirantes de Michoacán, Estado de México y Yucatán convocados en Oaxaca o en la capital; jóvenes del noreste — Nuevo León y Tamaulipas — enviados a Tijuana, en el extremo noroeste del país.
La trastienda del episodio revela una tensión que la UNAM no logró resolver del todo: cómo garantizar la integridad de un proceso masivo de selección en un entorno donde las herramientas de inteligencia artificial están al alcance de cualquier aspirante con conexión a internet. La respuesta institucional fue volver al papel y al aula, al examen vigilado en persona. El costo de esa decisión lo están pagando, al menos en parte, los propios jóvenes.
Los detalles cuentan la historia. No es solo un problema de logística: es la primera señal pública y a gran escala de que los exámenes en línea de alto impacto enfrentan una vulnerabilidad estructural que las universidades todavía no saben cómo cerrar. La UNAM es la institución de educación superior más grande de América Latina; lo que le ocurre a ella anticipa lo que enfrentarán otras casas de estudio en la región.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio plantea una pregunta más incómoda que la logística de las sedes: ¿quién responde por el costo que asumen las familias — transporte, hospedaje, días de trabajo perdidos — cuando una institución pública no pudo proteger la integridad de su propio proceso? La UNAM ordenó el examen presencial con razón; las trampas detectadas justifican la medida. Pero trasladar íntegramente la carga operativa y económica a los aspirantes, sin mecanismo de apoyo visible, es una forma de gestión que el aparato estatal suele normalizar con más facilidad de la que debería.
