La escena lo dice todo. Dos cartas circulando el mismo fin de semana, 104 alcaldes en una dirección y 162 en la otra, y una asociación gremial dividida por un voto. Así llegó Chile al martes en que el Senado debía zanjar la última norma pendiente de la megarreforma tributaria del Ejecutivo: el mecanismo de compensación a los municipios por los fondos que dejarán de recibir a raíz de la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.
El mecanismo propuesto por La Moneda consiste en transferencias directas desde la Tesorería General de la República. Esa fórmula partió en dos a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), cuyo directorio la aprobó por siete votos contra seis. La estrechez del resultado no pasó inadvertida: alcaldes de oposición cuestionaron que entre los siete votos favorables figurara la alcaldesa de Las Condes, la comuna señalada como «la más beneficiada» por la medida.
Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba y uno de los 162 jefes comunales que firmaron la carta respaldando la compensación, fue directo en el programa Desde la Redacción de La Tercera: «Si se rechaza el proyecto significa que van a ser afectadas todas las municipalidades de Chile». Para Luksic, el 99% de la reforma ya está aprobado y lo que queda es «esta última patita».
Pero el alcalde no escondió sus reparos al diseño. Desde el inicio, dijo, su posición fue que la exención fuera focalizada, no universal. «Yo era de la posición de 'el que puede pagar, pague'», afirmó. Ese criterio no prosperó. Ahora, con la universalización consumada, Luksic llama a «dar vuelta la página» y abrir una conversación distinta sobre el financiamiento municipal que «no venga de las arcas fiscales».
El dato que subyace al debate es elocuente: según uno de los argumentos esgrimidos por la oposición, el 77% de las viviendas ya estaba exento antes de la reforma, y la mayoría de los nuevos beneficiados se concentra en comunas de mayor ingreso. Es decir, el costo fiscal de la medida recae sobre todos los contribuyentes, pero el beneficio se distribuye de forma que no necesariamente premia a quienes más lo necesitan.
Luksic propuso, como ejemplo de lo que podría discutirse en el futuro, redistribuir los ingresos por permisos de circulación al Fondo Común Municipal. «Si hablamos de ser solidarios, no todas las comunas pueden traer permisos de circulación a sus municipios», argumentó. También mencionó, sin comprometerse, opciones como nuevos impuestos a «superricos» o a las azúcares. Lo que subrayó con énfasis es que ninguna de esas conversaciones ha ocurrido formalmente en el seno de la asociación.
El quiebre interno de la AChM tiene su propia historia. En La Serena se suscribió un acuerdo entre alcaldes que incluía, entre otros puntos, que la compensación se canalizara a través del Fondo Común Municipal. Ese acuerdo, según el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quedó roto cuando el gobierno optó por la vía de la Tesorería. Vodanovic declaró que, ante ese incumplimiento, cada alcalde quedaba libre de actuar por su cuenta. Luksic respondió con dureza: «Lo encontré medio arrogante cuando dice de los 162 alcaldes que firmamos la carta, 'si ellos supieran realmente esto, no estarían ni la mitad de ellos'. Es como que los que firmamos estas cartas no leemos».
Sobre la posibilidad de que algunos alcaldes abandonen la AChM para crear nuevas asociaciones, Luksic fue escéptico. «Empezar a tener un montón de asociaciones lo encuentro ineficiente, no sirve», dijo, aunque reconoció que la derecha ya lo hizo en su momento con la AMUCH.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego este martes no es solo una línea presupuestaria: es la pregunta de fondo sobre cómo se financia el municipalismo chileno y quién paga la cuenta. El gobierno eligió la vía más directa —transferencias del Fisco— y con ello trasladó el costo al erario general. Que esa solución haya generado más fricción que alivio entre los propios alcaldes oficialistas revela una tensión estructural: el aparato estatal central tiende a resolver con gasto público lo que debería resolverse con diseño institucional. Luksic lo sabe, y por eso insiste en que la conversación real —la del mecanismo de largo plazo— todavía no ha comenzado. El desenlace del voto senatorial determinará si esa conversación arranca con urgencia o simplemente se pospone.
