La escena lo dice todo. A finales de abril de este año, la Superintendencia del Subsidio Familiar anunciaba una nueva prórroga de doce meses para la intervención de Comfenalco Antioquia. El plan de mejoramiento registraba un cumplimiento cercano al 87% —algunos componentes superaban el 90%— y aun así la medida se extendía. Ahora, con menos de dos semanas para el cambio de gobierno, esa misma Superintendencia oficializa el levantamiento de la intervención y convoca una Asamblea General Extraordinaria para elegir una nueva junta directiva.
La incoherencia no pasó inadvertida. «No entendimos cómo era la misma Superintendencia la que incumplía los planes de mejoramiento que ella misma había impuesto. La última prórroga decía que la caja había cumplido el 86% de las metas, pero aun así era necesario mantener la intervención un año más. Ahora resulta que dos semanas antes la quieren desintervenir. No hay congruencia; hay mucha incoherencia», declaró Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, en conversación con El Colombiano.
La medida de intervención se había iniciado en 2023. En aquel momento, la entonces Superintendencia argumentó riesgos jurídicos y patrimoniales relacionados con el manejo de cerca de 10.000 millones de pesos de recursos de salud trasladados a una fiducia mediante Mandato Salud S.A.S., además de presuntas fallas en el control ejercido por el consejo directivo. La medida fue prorrogada en tres oportunidades: la primera por siete meses, la segunda por un año y la tercera —la de abril pasado— por otros doce meses.
Lo que preocupa a los sectores empresariales no es solo el fin de la intervención, sino el calendario que la acompaña. Fuentes cercanas al proceso aseguraron a El Colombiano que la rapidez de la convocatoria permitiría conformar el nuevo consejo directivo antes de la posesión del próximo presidente. «La jugada es devolver la caja, citar inmediatamente a la asamblea y dejar elegido el nuevo director antes de que llegue el nuevo Gobierno», sostuvo la fuente consultada por ese diario.
El mecanismo es preciso. El nuevo consejo directivo estaría integrado por cinco representantes de los trabajadores —designados por el Ministerio del Trabajo— y cinco representantes elegidos por los empresarios afiliados. Esos diez miembros deberán escoger al director general de la entidad con una mayoría de siete votos. «Lo que quieren es citar la junta para que esta nombre a alguien cercano al Gobierno y dejar ese proceso amarrado antes de que se posesione Abelardo», afirmó la misma fuente.
Guillén, presidenta de Asocajas, no descartó el escenario. Consultada sobre las suspicacias que genera el momento de la decisión, respondió: «Pensando mal, sí. Ahora pensemos bien: los tiempos no dan». Y añadió que, si se cumplen a cabalidad todos los requisitos y reglamentos, dos semanas serían insuficientes para adelantar todo el procedimiento. Su principal exigencia es que la convocatoria permita una participación amplia de las empresas afiliadas y que no termine sesionando un quórum reducido por falta de tiempo.
Para el gremio, el fondo del asunto es la independencia institucional de las cajas. «Lo importante es evitar la politización de las cajas. Lo que uno siente que puede estar pasando es cómo dejar las cajas en manos de determinadas personas y favorecer intereses particulares», advirtió Guillén. En ese mismo sentido, la dirigente señaló que la autonomía administrativa de Comfenalco Antioquia nunca debió perderse: «Las razones que dieron origen a la intervención inicial no afectaban gravemente el funcionamiento ni el patrimonio de la caja».
Los detalles cuentan la historia. El gobierno Petro intervino Comfenalco Antioquia en 2023, prorrogó la medida tres veces —incluso cuando los propios indicadores de cumplimiento superaban el 86%— y ahora, en el tramo final de su mandato, la devuelve con un calendario que, según fuentes empresariales y la propia presidenta de Asocajas, no ofrece tiempo real para una elección ordenada y representativa.
Lo que está en juego es el control de una de las cajas de compensación más importantes del país, una entidad que administra recursos de trabajadores y empresas privadas. Si el aparato estatal logra instalar una dirección afín antes del cambio de gobierno, habrá conseguido algo que el libre mercado y la libre empresa deberían rechazar con claridad: la captura de una institución privada por la vía de la burocracia y el cronograma. El próximo gobierno de Abelardo De la Espriella heredará el resultado de esa carrera contra el reloj.
