La escena lo dice todo.
El 5 de agosto, con las horas contadas antes del fin del gobierno de Gustavo Petro, Antonio Sanguino firmó una resolución que no correspondía a su cartera. Mediante un acto administrativo expedido ese día, el entonces ministro de Trabajo fue designado ministro de Ambiente ad hoc, con un único propósito: suscribir la resolución que adopta la delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán-Berlín.
El movimiento fue posible porque Irene Vélez, titular de la cartera de Ambiente, tuvo que apartarse del cargo. El Consejo de Ministros aceptó el impedimento que ella misma manifestó para participar en todo lo relacionado con el páramo de Santurbán. La razón: una denuncia por no haber declarado un conflicto de interés cuando fue nombrada encargada del Ministerio de Ambiente. Con Vélez inhabilitada, Sanguino entró en su reemplazo para «culminar el trámite de suscripción y expedición de la resolución», según la propia justificación oficial.
El 6 de agosto, su último día como integrante del gabinete, Sanguino celebró la decisión en redes sociales. «Hoy firmé la resolución y estoy orgulloso de que en este último día cumplamos con una lucha de décadas de las comunidades y de las y los ambientalistas de Santander y del mundo», escribió. Y añadió: «Este Gobierno, y yo en lo personal, nunca dejamos de lado la defensa de nuestro medio ambiente. Hoy decimos que Santurbán es agua, vida y futuro».
La firma, según la versión oficial, se realizó en cumplimiento de una sentencia judicial. Ese argumento es el escudo jurídico de la operación: no una decisión política discrecional, sino la ejecución de un mandato de los tribunales. El detalle, sin embargo, es que la forma de ejecutarlo —un ministro de otra cartera designado ad hoc en las últimas horas de un gobierno— habla de la urgencia con que el petrismo quiso cerrar ese capítulo antes de entregar el poder.
Los detalles cuentan la historia.
Santurbán no es un asunto menor. El páramo, ubicado en Santander, ha sido durante años el epicentro de una disputa entre comunidades, ambientalistas y empresas mineras. Su delimitación tiene consecuencias directas sobre las concesiones y actividades productivas en la zona. Una resolución firmada en las últimas horas de un gobierno, por un funcionario designado de urgencia para reemplazar a una ministra impedida por un presunto conflicto de interés, es exactamente el tipo de decisión que los siguientes gobiernos deberán revisar con lupa.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El gobierno Petro, en sus horas finales, concentró en Sanguino una doble función: cerrar su paso por el Ministerio de Trabajo y sellar, de paso, una de las banderas ambientales del «Gobierno del Cambio». Que el mismo funcionario firmara como ministro de dos carteras distintas en el lapso de un día es una anomalía administrativa que, más allá de su legalidad formal, ilustra el estilo de gestión del petrismo: voluntarista, simbólico y dispuesto a forzar los mecanismos institucionales cuando el reloj aprieta.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la pregunta relevante no es si Santurbán merece protección —el agua y los ecosistemas son bienes que ninguna postura política seria descarta—, sino si una resolución de esta magnitud, con efectos sobre la propiedad, la inversión y las actividades productivas en la región, debería haberse firmado en esas condiciones: con una ministra titular apartada por conflicto de interés, su reemplazante ad hoc designado el día anterior, y el gobierno a pocas horas de entregar el mando. El aparato estatal, cuando actúa con esa velocidad en su recta final, rara vez lo hace pensando en el contribuyente o en la seguridad jurídica de quienes operan en esos territorios.
El desenlace queda abierto. La nueva administración heredará una resolución firmada bajo esas circunstancias y tendrá que decidir qué hacer con ella. Esa será la verdadera prueba de si la institucionalidad colombiana puede procesar, con orden y con derecho, las herencias del petrismo.
