La escena lo dice todo. La ministra de Salud, May Chomali, había intentado mantenerse al margen durante semanas. Este lunes ya no pudo.
En entrevista con Tele13 Radio, la titular de Salud del gobierno de José Antonio Kast fijó la postura oficial sobre el proyecto «Escucha su corazón», impulsado por diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano. La iniciativa propone que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo, vigente en Chile bajo tres causales.
«Desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales», afirmó Chomali. «Científicamente no hay sentido, no hay evidencia», enfatizó.
Las palabras de la ministra no cayeron bien en el PNL. El jefe de la bancada libertaria, Cristóbal Urruticoechea —principal impulsor del proyecto—, respondió de inmediato: «Hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica, y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar».
Luego vino la pregunta que resumió la fractura: «¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida? ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa?», dijo Urruticoechea. Y añadió una referencia directa al entorno familiar de la ministra: «¿Dónde están las palabras del cardenal Chomali, entonces?».
La alusión apuntaba a Fernando Chomali, arzobispo y hermano de la ministra, quien días antes había publicado en su cuenta de X: «Escuchar el latido del corazón de un hijo en el vientre debe ser uno de los momentos más conmovedores de la vida de una madre». Sin embargo, el prelado luego dio marcha atrás. «Yo escribí un tuit al respecto y estoy muy arrepentido de haberlo enviado», declaró a La Tercera. El arzobispo precisó que, en lugar de mostrarle el latido a la mujer, «sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico».
La diputada libertaria Paulina Muñoz también contestó a Chomali. «Exige evidencia científica, pero niega el hecho científico más fundamental: existe una vida inocente en el vientre de una madre, existe un latido», sostuvo. Para Muñoz, el proyecto no es un trámite ideológico sino una cuestión de consentimiento informado: «La madre tiene derecho a recibir toda la información, porque al momento de tomar una decisión es la única forma de que lo haga completamente consciente».
No todos en la coalición de gobierno leyeron el episodio igual. La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano —que también adhirió al proyecto—, se alineó con la ministra. «Yo estoy en total sintonía con la ministra de Salud. Aquí el tema es que logramos poner sobre la mesa el hecho de que hay vida en el vientre materno», señaló en un punto de prensa. Las republicanas Catalina del Real y Claudia Reyes también habían respaldado la iniciativa.
El golpe de gracia institucional llegó desde la Comisión de Salud de la Cámara. Su presidente, el diputado Andrés Celis, fue categórico: «Para el Presidente Kast este no es un proyecto prioritario, no le va a dar la urgencia o la discusión inmediata». Celis fue más lejos y señaló que la iniciativa «revictimiza a aquellas personas que están en estas tres causales».
Los detalles cuentan la historia. Lo que comenzó como un proyecto de conciencia dentro del bloque oficialista derivó en una disputa pública sobre identidad política: qué significa gobernar desde la derecha cuando los principios que unieron a esa coalición empiezan a chocar con el pragmatismo del poder.
Para Hemisferio, el episodio revela una tensión estructural que el kástismo no ha resuelto: la distancia entre el programa valórico que movilizó a sus votantes y las concesiones que exige administrar el aparato estatal bajo el escrutinio de una prensa y una opinión pública hostiles. El argumento de la «falta de evidencia» puede ser legítimo en términos clínicos, pero deja sin respuesta la pregunta de fondo que planteó Urruticoechea: si el Estado ya reconoce que hay un latido, ¿por qué negarle a la mujer el derecho a escucharlo antes de decidir? Esa pregunta, incómoda para La Moneda, no desaparecerá con una declaración ministerial.
