La escena lo dice todo. Mientras en Buenos Aires el gobierno nacional avanza en modificar la ley que regula la compra de tierras por extranjeros, en La Plata el gobernador Axel Kicillof y sus aliados del PJ provincial activaron en paralelo dos frentes: una movilización al Congreso de la Nación prevista para este jueves y dos proyectos de ley en la Legislatura bonaerense que buscan blindar el territorio provincial frente a inversores foráneos.
Los detalles cuentan la historia. El primero de los proyectos, presentado en el Senado bonaerense y firmado por los senadores Malena Galmarini, Ayelén Durán, Pedro Borgini, Germán Lago, Jorge Paredi y Adrián Santarelli, se denomina «Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales». El segundo lo impulsa en la Cámara de Diputados Facundo Tignanelli —referente de La Cámpora en la Legislatura— junto con Noelia Saavedra y Cintia Romero, bajo el título «Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales».
Ambas iniciativas se anclan en la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Los dos textos establecen que la titularidad extranjera no podrá superar el 15% de las tierras rurales de la provincia y de cada municipio, que personas o empresas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese cupo, y que el límite máximo en la zona núcleo será de 1.000 hectáreas. Prevén la nulidad de operaciones realizadas en fraude a la ley y contemplan excepciones para extranjeros con arraigo acreditado: residentes permanentes de larga data, personas con hijos argentinos o casadas con ciudadanos argentinos.
Las diferencias entre ambas propuestas son reveladoras de las distintas sensibilidades dentro del propio peronismo. El proyecto del Senado concentra el control en la titularidad extranjera de tierras rurales y crea un Consejo Interministerial de Tierras Rurales integrado por distintas áreas del Poder Ejecutivo bonaerense. La iniciativa de Tignanelli va más lejos: incorpora criterios de ordenamiento territorial, protección ambiental y soberanía alimentaria, y establece categorías de «zonas de protección territorial estratégica» que abarcan cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas, territorios de agricultura familiar, zonas periurbanas y áreas sujetas a políticas de hábitat. Cada operación que implique dominio, posesión, control o aprovechamiento económico por parte de extranjeros en esas zonas requerirá autorización previa del Estado provincial.
En la calle, la movilización tiene geografía y ambición política. Una de las columnas más grandes partirá desde Ensenada, apalancada por el intendente Mario Secco. Habrá columnas desde La Matanza y La Plata, cuyos intendentes Fernando Espinoza y Julio Alak aspiran a suceder a Kicillof. Desde San Martín marchará Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios, quien el 22 de agosto realizará un acto de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro. Según informó la Casa de Gobierno ante una consulta de LA NACION, «es probable que Kicillof participe personalmente de la marcha».
El propio gobernador fijó el tono: «Frente al gobierno nacional que busca entregar tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias», declaró. Ninguno de los dos proyectos tiene fecha fijada para su debate en la Legislatura.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el kirchnerismo bonaerense presenta como defensa de la soberanía es, en la trastienda, una operación con múltiples lecturas. La primera es legislativa: dos textos que, de aprobarse, ampliarían de manera significativa la capacidad del aparato estatal provincial para vetar, condicionar o rechazar inversiones privadas extranjeras en el campo, con criterios tan amplios como «especulación inmobiliaria» o «equilibrio ambiental», definidos por la autoridad de aplicación que el propio Ejecutivo designe.
La segunda lectura es política: la marcha y los proyectos sirven de plataforma para una docena de figuras que ya calculan la sucesión de Kicillof. El principio en juego es el de siempre: quién decide sobre la propiedad privada, el inversor o el funcionario. En la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene una respuesta clara, y la está escribiendo en dos proyectos de ley.
