La escena lo dice todo. A las 11 de la mañana del miércoles, dos enviados de Mauricio Macri cruzaron las puertas de la Casa Rosada: Cristian Ritondo, el principal alfil del ex presidente en la provincia de Buenos Aires, y Fernando de Andreis, su mano derecha a nivel nacional. Los recibieron Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Eduardo «Lule» Menem, asesor principal. Karina Milei no estuvo en la sala, pero había diseñado cada detalle del encuentro y esperaba un reporte pormenorizado al cierre.
La reunión fue pautada formalmente para discutir la «agenda legislativa». En la práctica, según deslizaban en el Gobierno, la traducción era más directa: «apoyen nuestros proyectos y después vemos». Esa es la condición que la secretaria general de la Presidencia puso sobre la mesa antes de hablar de cualquier pacto electoral con el PRO.
El antecedente inmediato es un encuentro previo entre Karina Milei y el fundador del PRO, mantenido en secreto y luego ventilado desde el partido amarillo. Balcarce 50 lo confirmó después, con una sola precisión: «quedaron en que los equipos empiecen a trabajar, primero con vistas a la agenda legislativa». El orden de los factores no es casual.
El contexto explica la urgencia. El oficialismo acumula derrotas legislativas en las últimas semanas y enfrenta el retaceo de gobernadores, dirigentes del PRO y parte del radicalismo. Macri, por su parte, acaba de lanzar un candidato propio —Hernán Lacunza— y viene cuestionando públicamente a la administración de Javier Milei. En el entorno presidencial interpretan esas críticas con una sola clave: «Lo único que quiere es que lo llamen».
Los roces entre ambos espacios vienen de 2024, se atenuaron durante los comicios de 2025 y se reeditan con fuerza en este tramo del año. Hace tiempo que las alusiones a Macri desaparecieron de los discursos y entrevistas de Javier Milei, a diferencia de lo que ocurría el año pasado. La Casa Rosada evita contestarle en público.
El nuevo puente entre los dos espacios tiene nombre: Diego Santilli. Pertenece formalmente a las filas del PRO pero ocupa la cúpula del Gobierno nacional y está, según las fuentes consultadas por Infobae, prácticamente «pintado de violeta», aunque aún no se afilió al partido de Milei. Los diálogos entre Santiago Caputo y Ritondo continúan, pero desde esta semana Santilli será el gran interlocutor con los aliados.
Los detalles cuentan la historia. El Gobierno ofreció al PRO una zanahoria concreta: impulsar proyectos amarillos que estaban archivados o sin posibilidad de prosperar sin respaldo del Ejecutivo. La ley de electromovilidad y la de banquinas se suman a esa lista. A cambio, el oficialismo espera votos para sus propias iniciativas: inocencia fiscal, reforma del Banco Central, zonas frías y salud mental, entre otras.
En la provincia de Buenos Aires, el terreno es más fértil. Ritondo se reunió también con Sebastián Pareja para construir una alianza legislativa provincial con vistas a un acuerdo electoral contra el gobernador Kicillof. Allí, según las fuentes, los vínculos están más aceitados que en el plano nacional.
Patricia Bullrich, que hasta hace poco presidió el PRO y se pasó por completo al lado del Gobierno, no formará parte de estas negociaciones.
En la Casa Rosada aseguran que se llegará a un acuerdo con el PRO y que ese acuerdo incluirá una salida para los cruces por la Ciudad de Buenos Aires. Pero cualquier definición está sujeta a cómo avancen los proyectos del oficialismo en el Congreso. El precio está fijado.
Lo que está en juego es más que una lista de proyectos. La coalición que llevó a Milei al poder se construyó sobre la promesa de desmantelar el aparato estatal y devolver libertades económicas a los argentinos. Cada derrota legislativa es un freno a esa agenda. Que el Gobierno haya decidido negociar con el PRO desde una posición de exigencia —primero los votos, luego las candidaturas— revela tanto la fortaleza de su convicción programática como la fragilidad de su aritmética parlamentaria. Para el lector que apuesta por el ajuste y la desregulación, el resultado de esta negociación importa: sin mayoría en el Congreso, las reformas se acumulan en cajones. La pregunta no es si habrá acuerdo, sino a qué costo ideológico.
