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La trastienda de la Legislatura bonaerense

El peronismo de Kicillof desmiente que impulse ampliar el cuerpo legislativo para sumar bancas y facilitar la reelección indefinida de intendentes, pero las fuentes del propio oficialismo provincial habían confirmado la negociación a LA NACION.
Imagen ilustrativa
lunes 3 de agosto de 2026

La escena lo dice todo. Un domingo por la mañana, LA NACION publica que el peronismo bonaerense evalúa ampliar la Legislatura provincial de 138 a 150 integrantes —100 diputados y 50 senadores— como parte de una maniobra para facilitar la reelección indefinida de los intendentes. Pocas horas después, el bloque de Unión por la Patria y el entorno del gobernador Axel Kicillof salieron a desmentir «categóricamente» la información y exigieron rectificación. El problema: las fuentes que alimentaron la nota pertenecen, según el propio diario, al oficialismo provincial.

Los detalles cuentan la historia. El sistema bicameral bonaerense cuenta hoy con 92 diputados y 46 senadores. La propuesta que circuló en las conversaciones internas contemplaba incorporar 12 legisladores por cámara, elevando el total a 150. El argumento esgrimido en esas charlas fue el crecimiento demográfico del distrito y la «disparidad de representación» entre secciones electorales. «No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera», dijo a LA NACION un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.

La Constitución bonaerense, por su parte, no cierra la puerta: el artículo 69 permite elevar la Cámara de Diputados hasta 100 miembros mediante dos tercios de los votos del total de los integrantes de esa cámara, y el artículo 75 autoriza llevar el Senado hasta 50 bancas por el mismo mecanismo. Ambos artículos fueron citados a LA NACION por las mismas fuentes que pusieron en circulación la información.

El último antecedente de una ampliación de ese tipo data de 1986, durante la gestión del presidente Ricardo Alfonsín y del gobernador bonaerense Alejandro Armendáriz. En aquel momento, el cuerpo pasó de 84 a 92 diputados y de 42 a 46 senadores. Cuatro décadas después, el debate volvió a asomarse, al menos en los pasillos de las comisiones de reforma política de ambas cámaras.

El bloque de UxP que encabeza el camporista Facundo Tignanelli fue el primero en salir al cruce. En un comunicado difundido la tarde del domingo, los diputados peronistas aseguraron que «no existe ninguna iniciativa de esas características en asuntos entrados de las comisiones de la Legislatura». Desde el Ejecutivo kicillofista siguieron la misma línea: «No refleja en absoluto la postura del poder Ejecutivo provincial ni del gobernador en particular», señalaron fuentes del entorno de Kicillof.

Para entender el presente hay que volver a esa semana. La cuestión de fondo no es la ampliación legislativa en sí misma, sino la reelección indefinida de los intendentes, una reforma que Kicillof y sectores del PJ bonaerense apoyan pero que no encuentra los votos suficientes en la Legislatura actual. La ampliación de bancas habría sido, según las fuentes originales, una vía para sumar apoyos y destrabar esa discusión. La desmentida oficial no abordó ese punto central: nadie negó que la reelección indefinida de los intendentes sea un objetivo del oficialismo provincial.

Lo que queda en pie, entonces, es una contradicción incómoda: fuentes del propio peronismo bonaerense describieron a LA NACION una negociación en curso, con referencias constitucionales precisas y un número concreto de bancas adicionales. Horas después, los mismos actores políticos exigieron rectificación en público. En la política argentina, ese tipo de desmentida tiene nombre propio: globo de ensayo desinflado antes de tiempo.

Desde Hemisferio, el episodio merece una lectura más amplia. Ampliar un cuerpo legislativo para conseguir los votos que el oficialismo no tiene en la composición actual es, en esencia, rediseñar las reglas del juego a medida. Más bancas significan más sueldos, más estructuras y más gasto para el contribuyente bonaerense, en una provincia que arrastra déficits crónicos y una presión tributaria que ya sofoca a la actividad privada. Que el argumento oficial sea la «representación demográfica» no cambia el cálculo político detrás de la iniciativa. El principio en juego es simple: las instituciones no deberían moldearse para perpetuar a quienes las controlan.

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