La escena lo dice todo. Un fin de semana, una revista, y unos audios que sacudieron la recta final del gobierno Petro. La revista Semana publicó grabaciones atribuidas a Eva Ferrer, exasesora y antigua colaboradora cercana de Verónica Alcocer, en las que la entonces primera dama aparece presuntamente vinculada a hechos de corrupción y al supuesto ejercicio de influencias en distintas entidades del Estado.
El presidente Gustavo Petro respondió el lunes siguiente desde su cuenta de X. «Salgo más pobre de lo que entré a la Presidencia. No tengo ni mi familia, carro particular, motos o haciendas, no tengo inversiones en el exterior», escribió. Añadió que, tras su separación y el inicio del proceso de divorcio, su patrimonio se reduce a «media casa en la que no viviré y una cuenta bancaria bloqueada y vigilada».
Sobre su exesposa fue directo: «Mi exesposa no tiene más bien que la media casa que le queda por derecho, no puede emplearse, no es cierta la calumnia de Semana que debe ser respondida con acción penal». La amenaza de querella fue el único gesto concreto que ofreció ante las preguntas que los audios dejaron abiertas.
Petro mencionó además que tanto él como su círculo más cercano, incluida Alcocer, siguen figurando en la lista OFAC de Estados Unidos, circunstancia que, según explicó, somete su cuenta bancaria a supervisión permanente.
Los señalamientos de Ferrer
Eva Ferrer es española de origen y obtuvo la nacionalidad colombiana durante el actual gobierno. Llegó al equipo de campaña en 2021 como asesora de comunicaciones y luego ocupó las consejerías presidenciales para la Niñez y para la Reconciliación. Su relación con Alcocer se rompió tras un conflicto que derivó en su salida del gobierno en noviembre de 2023.
En los audios, según lo publicado por Semana, Ferrer afirma que nunca recibió un dinero que, asegura, le adeudaban por su trabajo, y sostiene haber sido intimidada cuando reclamó ese pago. También lanzó señalamientos sobre presuntos movimientos de recursos durante la campaña presidencial y el inicio del gobierno.
Entre las afirmaciones más delicadas, Ferrer asegura —según los fragmentos divulgados— que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros a Verónica Alcocer durante la campaña presidencial. La propia Ferrer reconoce que no aporta pruebas directas en esos fragmentos; presenta la versión como un hecho conocido por ella.
En otro tramo de las grabaciones, Ferrer señala que Alcocer tendría propiedades registradas a nombre de familiares y afirma: «Verónica tiene de testaferros a varios primos». Califica al entorno de la ex primera dama como «una mafia» y «una banda de criminales». También menciona a Carolina Plata, descrita como cercana a Alcocer y contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Ferrer afirma haber escuchado versiones sobre el supuesto ingreso de bolsas y cajas con dinero al círculo de confianza de la entonces primera dama, aunque reconoce que nunca vio personalmente esos recursos. En otro audio sostiene que incluso tuvo que gestionar apoyo de una fundación para financiar un viaje oficial de Alcocer a Noruega.
El contexto político
Petro no limitó su intervención a la defensa de su exesposa. Aprovechó el mismo mensaje para reiterar sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la segunda vuelta electoral que, según él, favorecieron a Iván Cepeda, e insistió en su llamado a la movilización ciudadana en Cali, Barranquilla y Bogotá. Además, instruyó a la Fuerza Pública para que no intervenga con el ESMAD en las manifestaciones convocadas antes de la posesión de Abelardo De la Espriella, prevista para el 7 de agosto.
Los detalles cuentan la historia. Un gobierno que llega a su fin con su ex primera dama en la lista OFAC, con una exasesora lanzando acusaciones en grabaciones publicadas por la prensa, y con un presidente que responde amenazando con querellas en lugar de ofrecer documentación que respalde su versión.
Para Hemisferio, el episodio ilustra un patrón conocido en los gobiernos que concentran poder y minimizan la rendición de cuentas: cuando los señalamientos llegan desde adentro —desde alguien que conoció la trastienda—, el aparato responde con el argumento de la calumnia antes de que cualquier instancia independiente haya examinado las pruebas. La ciudadanía colombiana, que en agosto recibirá un nuevo gobierno, merece que esas grabaciones sean evaluadas por la justicia, no archivadas por decreto presidencial.
