Los números del desastre son brutales. Un sismo de magnitud 7,4 —el más fuerte desde 1979, según el Servicio Geológico Colombiano— sacudió Colombia el 10 de agosto. Al cierre del sábado 15, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabilizaba 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos. Las primeras ayudas se concentran en Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó.
Pero en medio del caos de los albergues colectivos, otro peligro toma forma. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitió una advertencia formal: los grupos delictivos ya están en el terreno, y su método es la promesa.
La mecánica del engaño
La escena lo dice todo. Una familia que perdió su casa, sus documentos y su red de apoyo recibe una oferta: trabajo, alojamiento, una oportunidad educativa para los hijos. El mensajero puede ser un desconocido en un albergue o un contacto en una aplicación de mensajería. La urgencia hace el resto.
«Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas», declaró Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia. El destino de esas promesas, según el organismo, puede ser la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, la mendicidad, el matrimonio servil o la adopción ilegal.
La OIM precisó que los albergues colectivos temporales concentran el mayor riesgo, precisamente porque reúnen a personas que han perdido sus vínculos comunitarios y están expuestas a extraños en condiciones de alta vulnerabilidad.
Las reglas de supervivencia
El organismo tradujo la alerta en instrucciones concretas. Primero: verificar que cualquier oferta de transporte, alojamiento o asistencia provenga de una institución oficial. Segundo: consultar con el personal humanitario presente antes de aceptar propuestas que impliquen trasladarse fuera de la ciudad o del país. Tercero —y el más revelador como señal de alerta— ningún trámite legítimo exige entregar documentos de identidad propios o de menores de edad a particulares.
Sobre los niños, niñas y adolescentes, la OIM fue categórica: deben permanecer bajo la supervisión directa de sus familiares en todo momento, sin delegar su cuidado a personas ajenas a la familia.
El organismo también advirtió sobre el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde circulan convocatorias engañosas. Publicar ubicaciones, datos personales o fotografías de menores incrementa la exposición al riesgo.
Sobre el terreno
El personal de la OIM ya trabaja en las zonas afectadas recopilando datos sobre necesidades de protección. El objetivo es doble: fundamentar medidas preventivas y desplegar campañas operativas en albergues y centros comunitarios para difundir los canales oficiales de denuncia.
La profundidad del sismo —96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano— limitó parcialmente los daños superficiales, pero no impidió la destrucción de viviendas ni el desplazamiento masivo de comunidades enteras hacia refugios improvisados.
Lo que está en juego
Hay un patrón que se repite en cada gran desastre de la región: el aparato criminal no espera la reconstrucción. Llega antes que las excavadoras, antes que los censos, antes que el Estado logre cubrir cada albergue con presencia institucional. La ventana de oportunidad para los tratantes se abre exactamente en ese intervalo —horas, días, semanas— en que el damnificado no sabe a quién creerle.
La advertencia de la OIM es necesaria, pero su eficacia depende de algo que ningún organismo internacional puede garantizar por sí solo: que el Estado colombiano llene ese vacío con velocidad y con presencia real en el terreno. Cada albergue sin personal oficial verificado es una puerta entreabierta. Los detalles cuentan la historia, y en esta, el detalle más peligroso es la ausencia.
