La escena lo dice todo. Un proyecto portuario en Chiriquí aparece en la agenda pública y, antes de que los estudios técnicos avancen, ya están trazadas las trincheras. A un lado, quienes advierten el fin del ecosistema marino del Pacífico. Al otro, quienes ven en el puerto la única salida al desempleo estructural de la región. El debate se cierra antes de abrirse.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la discusión sobre Puerto Barú volvió a encenderse. No es la primera vez. Tampoco será la última, si Panamá no rompe un patrón que se repite gobierno tras gobierno: concentrar la inversión pública y privada en la provincia de Panamá y, más recientemente, en Panamá Oeste. La premisa siempre es la misma. El crecimiento de la capital irradiará prosperidad hacia el resto del país.
Los resultados están a la vista. El interior enfrenta desempleo, migración, falta de inversión y escasas oportunidades. Provincias con enorme potencial, como Colón y Chiriquí, siguen esperando políticas que las conviertan en polos de desarrollo reales. No en espectadoras del crecimiento nacional.
Los detalles cuentan la historia. Diversos grupos ambientalistas han advertido que el proyecto de Puerto Barú significará el fin del ecosistema marino del Pacífico y afectará áreas protegidas como Coiba. Toda preocupación ambiental merece ser escuchada. Nadie que valore el patrimonio natural puede minimizar esos riesgos. Pero existe una diferencia enorme entre exigir estudios científicos rigurosos, medidas de mitigación y supervisión permanente, y condenar cualquier proyecto antes de analizar si existen alternativas responsables.
El inmovilismo tiene un costo social que pocas veces se menciona. Desempleo. Pobreza. Falta de oportunidades. Migración forzada hacia la capital. Ese costo no aparece en los comunicados de prensa. Tampoco en las marchas. Pero lo pagan, en silencio, miles de panameños del interior que esperan empleo e inversión.
El debate sobre la minería sigue el mismo patrón. La actividad minera puede representar un factor importante para el desarrollo del país. Eso no significa aceptar cualquier modelo de explotación. La minería a cielo abierto plantea desafíos ambientales que exigen evaluación rigurosa. Hay ejemplos internacionales que demuestran que los estándares pueden elevarse. En Canadá, según la fuente analizada, las empresas mineras están obligadas a presentar planes de cierre y recuperación ambiental desde el inicio del proyecto. También deben ofrecer garantías financieras que aseguren la restauración de las áreas intervenidas. La reforestación, la recuperación del paisaje y el monitoreo posterior forman parte de las obligaciones legales. No son promesas.
¿Por qué en Panamá el debate suele reducirse a dos extremos irreconciliables? O se plantea un desarrollo sin controles ambientales suficientes, o se propone detener cualquier iniciativa sin ofrecer alternativas viables. La falsa dicotomía tiene víctimas concretas. Y tienen nombre: son los habitantes del interior que llevan décadas esperando que el modelo cambie.
El verdadero reto consiste en construir un marco donde el crecimiento económico y la protección ambiental no sean enemigos. Eso exige instituciones fuertes. Estudios técnicos independientes. Participación ciudadana informada. Fiscalización permanente. Decir «no» puede ser una posición legítima cuando existe evidencia científica que así lo justifique. Pero decir «no» sin proponer soluciones también implica asumir la responsabilidad por las oportunidades que se pierden.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la lectura es clara. El gobierno del presidente Mulino tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar que la descentralización no es un eslogan. Puerto Barú puede ser ese punto de inflexión, siempre que el aparato estatal exija los más altos estándares ambientales y no ceda ante la tentación del atajo. La libre empresa necesita reglas claras y cumplibles. No necesita opacidad ni promesas vacías.
El principio en juego es sencillo. Un país que bloquea toda inversión productiva en nombre del medio ambiente, sin proponer alternativas reales, no protege la naturaleza. Solo protege el statu quo. Y el statu quo, en el interior de Panamá, se llama pobreza.
