La escena lo dice todo. Una joven embarazada sube a una moto con alguien a quien considera su amiga, alguien que también esperaba una niña, alguien que conoció en un programa del ICBF para madres gestantes. No volvió a salir por sus propios medios.
En audiencias preliminares celebradas entre el viernes y el sábado en Cali —a las que tuvo acceso El Colombiano y cuyo contenido recoge Hemisferio—, un fiscal especializado reconstruyó ante un juez, minuto a minuto, el plan criminal que terminó con la muerte de María Camila Potosí, de 22 años. La nota aclaratoria es obligatoria: las fechas que aparecen en la fuente judicial —14 y 16 de julio de 2026— corresponden a fechas futuras al momento de publicación, lo que sugiere un error tipográfico en los registros del expediente; Hemisferio las consigna tal como obran en la fuente, sin corregirlas ni darlas por ocurridas.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el crimen comenzó a planearse el 14 de julio de 2026, dos días antes del asesinato. Esa noche, aproximadamente a las ocho, Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nidson Steven Mondragón Cuero y Kevin Alexis López Orozco se habrían reunido en un vehículo en el sector de Santa Elena, en Cali. Allí, de acuerdo con el ente acusador, acordaron secuestrar a María Camila, practicarle una cesárea artesanal para extraerle a la bebé y, después, asesinarla. Por esa labor, según la Fiscalía, se habría pactado un pago de cuatro millones de pesos.
La clave del plan era la confianza. Según el relato fiscal expuesto en audiencia, Juliet Angulo y María Camila se habían conocido meses antes en el programa FAMI del ICBF, dirigido a madres gestantes. Juliet habría hecho creer a la víctima que también estaba embarazada y esperaba una niña. Esa experiencia compartida, sostuvo el fiscal, fue el mecanismo para acercarse a ella y ganarse su confianza.
El 16 de julio de 2026 —fecha que, como se advirtió, aparece en la fuente judicial y se reproduce sin validar su exactitud—, Juliet convenció a María Camila de acompañarla a una vivienda en el barrio Polvorines, en una zona de ladera de Cali. La joven llegó transportada en una motocicleta TVS, vehículo que posteriormente fue recuperado durante los allanamientos.
Una vez dentro de la casa, comenzó lo que el fiscal describió como la fase definitiva del plan. Juliet entretuvo a María Camila con el pretexto de haber perdido las llaves de la moto, impidiendo que se marchara. Minutos después llegaron Nidson Steven Mondragón Cuero y Edwin García Zuluaga. Según la investigación, entre las 3:30 de la tarde y las 10:00 de la noche, Mondragón sometió físicamente a la víctima con un arma blanca, reduciéndola hasta dejarla en estado de indefensión. Mientras María Camila permanecía con vida, le practicaron lo que el fiscal llamó una «cesárea artesanal para extraer violentamente a la bebé», quien nació con vida. Después, según el dictamen expuesto en audiencia, María Camila recibió 22 heridas con arma blanca en cabeza, cuello, tórax y abdomen. El fiscal sostuvo que «las lesiones evidenciaban un actuar particularmente cruel».
Medicina Legal confirmó que los restos hallados en Cali corresponden a la bebé de María Camila Potosí.
Al cierre de las diligencias, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los cinco capturados: Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nidson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Los cargos imputados son feminicidio agravado —por la condición de mujer gestante y la sevicia empleada—, secuestro simple agravado, desaparición forzada y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. La Fiscalía tiene 90 días para radicar el escrito de acusación.
Lo que este caso pone sobre la mesa va más allá del horror individual. Un programa del Estado —el FAMI del ICBF— fue, según la Fiscalía, el espacio donde se tejió el engaño que condujo a la muerte de una mujer joven y vulnerable. No es una acusación contra el programa; es una advertencia sobre los límites de cualquier aparato institucional cuando la maldad opera desde adentro. La pregunta que Colombia debe hacerse no es solo cómo castigar a los responsables —el sistema judicial, al menos en esta etapa, parece estar funcionando— sino cómo una sociedad protege a quienes más necesita proteger, sin que esa misma red de protección se convierta en trampa. El desenlace judicial apenas comienza.
