La escena lo dice todo. Mientras los gobiernos de América Latina debaten estrategias de inteligencia artificial y digitalización del Estado, el procesamiento ocurre en servidores que no son suyos, bajo contratos que no negociaron y con código que no pueden auditar. La soberanía digital, esa palabra que llena agendas ministeriales y foros regionales, choca contra una realidad más prosaica: la región no controla los cimientos de su propia infraestructura tecnológica.
Los datos del Digital Sovereignty Index del BRICS+ Tech Forum son precisos en el diagnóstico: América Latina cuenta con «servicios digitales públicos relativamente desarrollados», pero arrastra «una dependencia estructural de hardware, nube y plataformas extranjeras». En otras palabras, la fachada es presentable; los cimientos, prestados.
La disponibilidad limitada de infraestructura de procesamiento, la concentración de grandes proveedores globales de nube y la necesidad de inversiones en conectividad y centros de datos figuran entre los principales obstáculos identificados por los investigadores. Revertir ese cuadro, señalan, exige cooperación regional, sistemas alternativos, infraestructuras compartidas y marcos de gobernanza. Ninguno de esos ingredientes abunda en la región.
El Foro Económico Mundial define la soberanía digital de un país como su capacidad para controlar su propio destino digital: los datos, el hardware y el software de los que depende, así como los que desarrolla localmente. La definición incluye una cláusula que los funcionarios suelen omitir en sus discursos: que nadie fuera de la gobernanza del país pueda controlar esa información, acceder a su tecnología o desactivar sus sistemas sin consentimiento.
«El control es la moneda más valiosa en la TI moderna», afirma Thiago Araki, director sénior de Tecnología para América Latina en Red Hat. «La soberanía es hoy una prioridad crítica que representa la capacidad de una organización o de un país para mantener el control sobre su trayectoria tecnológica, independientemente de cambios geopolíticos, restricciones externas o una dependencia excesiva de proveedores», agrega.
En ese contexto, el modelo de código abierto —open source— emerge como la apuesta más concreta. La lógica es directa: si el código es público, auditable y modificable, el Estado o la empresa no depende de que un proveedor en otro continente decida mantener el servicio, actualizar el producto o no entregar el código fuente a un tercero.
«El código abierto significa que la estructura de una tecnología no es un secreto comercial perteneciente a una corporación al otro lado del mundo», explica Andrea Cavallari, Field CTO para América Latina en Red Hat. La ejecutiva describe el cambio como pasar del modelo de «caja negra» de las tecnologías propietarias a una «caja de cristal», donde cada línea de código ofrece transparencia y capacidad de auditoría. «Esto permite que una empresa o una nación verifique la postura de seguridad de su propia infraestructura sin necesidad de pedir permiso», señala.
El argumento gana peso cuando se cruza con la expansión del uso gubernamental de inteligencia artificial. «Si no controla la plataforma donde su IA es entrenada, ajustada y desplegada, no controla su negocio», advierte Andrea Castellanos, sales manager para Chile en Red Hat. La advertencia aplica con igual fuerza a un banco estatal, a un sistema de salud pública o a una plataforma tributaria.
Un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que el 79% de los países con legislación sobre privacidad y protección de datos están preocupados por la soberanía digital. La preocupación existe; la inversión para resolverla, mucho menos.
Los especialistas consultados coinciden en que la soberanía digital no se resuelve solo con tecnología. Requiere políticas públicas, capacitación profesional, modelos de gestión de riesgos y mecanismos de supervisión para el uso responsable de la IA. «La soberanía digital es, en esencia, libertad de elección», concluye Araki. «Significa garantizar que gobiernos y organizaciones puedan decidir dónde ejecutar sus cargas de trabajo, cómo gestionar sus datos y qué tecnologías utilizar de acuerdo con sus objetivos estratégicos, y no debido a limitaciones impuestas por terceros».
Para Hemisferio, el diagnóstico apunta a una tensión que los gobiernos de la región prefieren no nombrar: la dependencia tecnológica no es solo un problema técnico, es una renuncia de facto a la soberanía que tanto invocan. La paradoja es que muchos de los mismos Estados que desconfían del capital privado local y regulan con celo la libre empresa doméstica entregan sin mayor escrutinio el control de sus datos críticos a corporaciones extranjeras. El principio en juego es simple: quien controla la infraestructura, controla la información; y quien controla la información, tiene la última palabra sobre las decisiones que esa información alimenta. La región tiene la oportunidad de construir bases tecnológicas propias. La pregunta es si la voluntad política llegará antes que la próxima crisis.
