La escena lo dice todo. Un magistrado de la Corte Constitucional —la cima del sistema judicial colombiano— utilizó su investidura para solicitar 500 millones de pesos a cambio de intervenir en una acción de tutela promovida por Fidupetrol. Ese hecho, ocurrido en 2013, sigue definiendo el presente de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó esta semana la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería: Pretelt no saldrá en libertad condicional. El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional continuará cumpliendo su condena por el delito de concusión.
La resolución no fue por falta de méritos formales. La Corte reconoció que Pretelt acreditó el requisito objetivo de haber cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta. También verificó buen comportamiento durante la reclusión, arraigo familiar y social, ausencia de condena al pago de perjuicios, concepto favorable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y participación en actividades de trabajo, estudio y enseñanza que le generaron redenciones punitivas.
Todo eso estaba en la balanza. Y no alcanzó.
El límite de los requisitos formales
«La libertad condicional no constituye una consecuencia automática del cumplimiento del requisito temporal ni de la concurrencia de circunstancias favorables durante la ejecución de la pena», reiteró la Corte en su providencia. El alto tribunal precisó que el cumplimiento del tiempo mínimo previsto por la ley únicamente habilita al juez para estudiar la solicitud, pero no genera un derecho automático al beneficio.
La valoración, explicó la Sala, debe ser integral y conjunta: gravedad y circunstancias de la conducta, grado de resocialización alcanzado, comportamiento penitenciario, arraigo y cualquier otro elemento que permita establecer si los fines constitucionales de la pena han sido satisfechos. Ninguno de esos factores puede leerse en aislamiento.
En el caso de Pretelt, el peso específico de la conducta original inclinó la balanza. Según expuso la Corte, el comportamiento «produjo una intensa afectación a la confianza pública y a la imagen institucional de la administración de justicia». El tribunal concluyó que el tratamiento penitenciario aún no alcanza un grado de consolidación suficiente para afirmar que se han cumplido plenamente los fines de prevención especial y reinserción social.
El caso que no envejece
Para entender el presente hay que volver a esa semana de 2013 en que el escándalo Fidupetrol comenzó a tomar forma. La investigación judicial estableció que Pretelt solicitó 500 millones de pesos para adelantar gestiones encaminadas a obtener una decisión favorable en una tutela, instrumentalizando para ello su cargo en la Corte Constitucional. La condena que siguió fue por concusión.
Los detalles cuentan la historia. No se trató de un funcionario menor ni de una irregularidad administrativa de bajo impacto. El acusado presidía el tribunal que tiene la última palabra sobre los derechos fundamentales de los colombianos. El daño no fue solo económico ni procesal: fue a la médula de la confianza ciudadana en el sistema.
La Corte Suprema lo subrayó sin ambigüedad: esa afectación a la imagen de la administración de justicia debía ser ponderada al resolver la solicitud de libertad condicional, y lo fue.
Lo que la decisión revela
Hemisferio considera que la decisión de la Corte Suprema merece ser leída más allá de sus tecnicismos procesales. En un país donde la impunidad de las élites ha sido norma histórica, que un exmagistrado —con todos sus contactos, con concepto favorable del Inpec, con requisitos formales cumplidos— siga en prisión porque el daño institucional que causó aún no ha sido reparado en términos de resocialización es, cuando menos, una señal de que el aparato judicial puede funcionar.
La libre empresa, el Estado de derecho y la inversión privada no prosperan donde los árbitros del sistema se venden. Cada peso que un operador económico destina a «gestionar» una tutela ante un magistrado venal es un peso que abandona el mercado y entra a la trastienda de la corrupción. El costo no lo paga solo Fidupetrol: lo paga la confianza de cualquier empresa que necesite certeza jurídica para operar en Colombia.
Pretelt seguirá en prisión. La Corte ha dicho que los avances son positivos pero insuficientes. El desenlace de esta historia dependerá de si el proceso de resocialización logra, con el tiempo, lo que los requisitos formales no pudieron conseguir por sí solos.
