La escena lo dice todo. A pocas horas de que comenzara la sesión pactada en el Senado argentino, el bloque de La Libertad Avanza tomó una decisión que nadie quería anunciar en voz alta: retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y que habilitaba la venta de suelo rural a capitales extranjeros. No hubo votación. No hubo derrota formal. Pero el retroceso fue real.
El proyecto original, impulsado desde comienzos de año por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no contemplaba límite alguno a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La ley vigente, sancionada en 2011, fija ese tope en el 15% de las superficies nacional, provincial y departamental. El último intento por salvar el capítulo llegó el martes, cuando la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa que se propondría un tope del 25% de la superficie de cada provincia. La cifra implicaba un incremento de diez puntos frente a la regulación vigente. Aun así, la iniciativa no prosperó.
Según el Observatorio de Tierras, en Argentina hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie comparable a la de Grecia o Nicaragua. Ese dato circuló con fuerza en las semanas previas a la sesión y alimentó una «oleada nacionalista» que, según admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae, fue «el aleteo de la mariposa» que terminó por hacer inviable el capítulo. Las redes sociales amplificaron el rechazo y se convocó una movilización bajo el lema «la patria no se vende» para la hora misma de la sesión frente al Congreso.
La decisión de retirar el capítulo fue adoptada, según un comunicado de la oficina de prensa de Bullrich, «por unanimidad entre los integrantes del espacio», con el argumento de que «la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto». Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a sumar su respaldo ni a pagar el costo político de habilitar la media sanción, según la lectura del propio oficialismo.
Lo que sí quedó en pie es el resto del proyecto, y no es menor. El Senado debatirá este jueves, desde las 14, modificaciones sobre expropiaciones, desalojos veloces y la llamada ley de fuego, aprobada años atrás a instancias de Máximo Kirchner, que prohíbe por décadas la venta de tierras afectadas por incendios. La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar esa restricción.
La sesión, en todo caso, no arrancará en calma. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, de Mendoza, con embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, solicitó participar de forma virtual. La vicepresidenta Victoria Villarruel le dio el aval, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones— lo apruebe. El senador radical Flavio Fama, de Catamarca, en recuperación de una operación de rodilla, recibió también la habilitación de Villarruel bajo la misma condición. Ambos pedidos generaron tensión en varios bloques antes incluso de que comenzara el debate.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La trastienda del Senado mostró un oficialismo que no logró, en las horas decisivas, reunir las adhesiones necesarias. «Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas», admitió ante Infobae una fuente libertaria.
La lectura de Hemisferio es otra. El retroceso en la Ley de Tierras no es un fracaso de la desregulación como principio: es el costo de no haber construido el consenso político antes de llevar la propuesta al recinto. Abrir el mercado de tierras a la inversión extranjera puede ser una herramienta legítima de desarrollo; lo que no puede es convertirse en un símbolo de entrega si el gobierno no tiene la pedagogía ni los votos para defenderlo. Lo que queda del proyecto —la agilización de desalojos, la revisión de expropiaciones, el desmontaje de la ley de fuego kirchnerista— representa, en cambio, avances concretos en favor de la propiedad privada y el libre mercado. El desenlace de la sesión dirá si esa agenda más modesta alcanza para sostenerse.
