Para entender el presente hay que volver a esa semana.
En enero, el barco pesquero ecuatoriano Fiorella desapareció junto con buena parte de su tripulación en aguas del Pacífico oriental. En marzo, drones de origen desconocido atacaron los navíos La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cerca de las islas Galápagos. Tres incidentes, ocho personas desaparecidas, y durante meses ninguna explicación oficial.
Este jueves, The Washington Post publicó que los ataques formaron parte de un programa de «acción encubierta» de la CIA, según una fuente anónima con conocimiento de los hechos. El diario advierte, sin embargo, que «aún no están claros detalles sobre el alcance de la implicación» de la agencia en estos incidentes.
La definición importa: una «acción encubierta» es, según el propio rotativo, un tipo de operación secreta en el extranjero con autorización presidencial en la que no se reconoce públicamente el papel del gobierno de Estados Unidos.
El rastro del avión
Los detalles cuentan la historia. Según The Washington Post, en cada uno de los incidentes un avión equipado con tecnología de vigilancia especializada voló desde El Salvador en dirección a los barcos pesqueros. Las transmisiones de radio indican que ese aparato, que volaba con una matrícula estadounidense, aterrizó en suelo salvadoreño y se dirigió a una zona militar del Aeropuerto Internacional de Ilopango. El dato tiene resonancias históricas: Ilopango sirvió de centro de operaciones encubiertas de Washington en Nicaragua durante la década de 1980.
El problema es que los registros de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) no muestran ninguna aeronave registrada con ese número de matrícula. «Los detalles sobre el avión y el patrón de sus vuelos antes de los incidentes sugieren que podría estar vinculado al programa secreto de la CIA», afirma el diario.
La CIA declinó comentar sobre los hallazgos. El rotativo señala que tampoco queda claro si contratistas privados o autoridades de otros países participaron en los incidentes.
Lo que dicen los sobrevivientes
Trece sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch (HRW) dijeron que, «tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar». Los pescadores entrevistados por The Washington Post añaden que fueron trasladados a un barco cercano, donde hombres armados los esposaron y les cubrieron la cabeza para después llevarlos a El Salvador, desde donde fueron devueltos sin explicación a Ecuador. Los sobrevivientes aseguran no tener vínculos con el tráfico de drogas.
El Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier implicación, según precisó HRW en un informe presentado en julio sobre la que calificó como «peligrosa» cooperación de seguridad entre los dos países. Las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado los hechos.
Washington, por su parte, asegura que las embarcaciones participaban en operaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental.
The Washington Post precisó además que esta presunta operación de la CIA es independiente de la campaña contra el narcotráfico que Estados Unidos libra desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico, donde han sido destruidas decenas de lanchas supuestamente cargadas de droga y han muerto más de 200 personas, ante las críticas de grupos de derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional y HRW han pedido explicaciones a Washington y Quito. Legisladores demócratas también han exigido que se esclarezcan los incidentes.
La trastienda
La escena lo dice todo: ocho personas desaparecidas, sobrevivientes devueltos sin explicación desde El Salvador, y una agencia de inteligencia que ni confirma ni desmiente. Si la versión de The Washington Post se sostiene, el caso plantea una pregunta que va más allá del narcotráfico: ¿quién autoriza, supervisa y responde por operaciones encubiertas que terminan con pescadores esposados y con la cabeza cubierta en aguas internacionales?
Luchar contra el crimen organizado es una causa legítima y urgente. Pero la eficacia no puede ser moneda de cambio para la rendición de cuentas. Una democracia que financia operaciones sin matrícula, sin reconocimiento y sin explicación pública no está ganando la guerra contra el narco; está perdiendo algo más difícil de recuperar: la confianza en que sus instituciones operan dentro de la ley. Esa es la pregunta que Washington todavía no ha respondido.
