La escena lo dice todo. Cuando Texas necesitó mayor capacidad para detectar sarampión, no esperó una orden de Washington: su laboratorio estatal desarrolló un método de alta velocidad que otros estados pudieron validar y replicar. Ese episodio, discreto y técnico, resume algo más grande que está ocurriendo en la salud pública estadounidense.
Deb Houry, que pasó una década en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo describe desde afuera. Lleva casi un año fuera del gobierno federal y desde esa distancia observa lo que llama «una nueva forma de trabajar en salud pública». Su diagnóstico parte de un inventario sombrío: número récord de casos de sarampión, brotes de enfermedades no vistas en décadas —como el retorno del gusano barrenador del Nuevo Mundo—, desmantelamiento de programas federales de cesación tabáquica y salud global, erosión del calendario de vacunación infantil y caída en las tasas de vacunación. Todo ello acompañado de una confianza en declive hacia las agencias federales.
Pero Houry no escribe una elegía. Escribe un mapa de lo que emerge.
Estados que no esperan
Dos alianzas regionales —la West Coast Health Alliance y el Northeast Public Health Collaborative— alinearon a sus estados en recomendaciones de vacunas basadas en evidencia después de que el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. despidiera a los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. No es, subraya Houry, un fenómeno exclusivo de estados demócratas o republicanos. Es pragmatismo ante el vacío.
California lanzó su iniciativa PHNIX para conectar salud pública con tecnología y desarrollar soluciones escalables que, según sus promotores, buscan «mejorar la salud, reducir costos y fortalecer la respuesta de emergencia». La iniciativa no se propone reconstruir lo que existía, sino preguntarse qué debería construirse ahora.
La medicina organizada toma posición
La Academia Americana de Pediatría continuó emitiendo recomendaciones de vacunación basadas en evidencia y desafió acciones federales que amenazaban la integridad del proceso de asesoría. Los tribunales pausaron temporalmente algunas de esas políticas federales que podrían limitar el acceso a vacunas infantiles.
El Vaccine Integrity Project, en colaboración con la Asociación Médica Americana, creó un proceso independiente para revisar la evidencia sobre vacunas contra la influenza, el COVID y el VSR, con el propósito explícito de contrarrestar la interferencia política que, según sus impulsores, ha afectado la orientación reciente del CDC.
Universidades y tecnología llenan el hueco
Yale creó el Future of Health Innovation Hub, un modelo que conecta ideas de salud pública con socios comerciales para llevarlas de la investigación a productos concretos. Su plataforma PopHIVE combina datos gubernamentales con registros electrónicos de salud para ofrecer un panorama poblacional «menos impactado por paralizaciones gubernamentales o prioridades políticas», según Houry.
Ante las preocupaciones sobre brechas en la vigilancia de enfermedades infecciosas durante el Mundial de fútbol, Georgetown University creó un Centro de Operaciones de Seguridad en Salud que reunió universidades, sistemas de salud y socios tecnológicos para identificar amenazas emergentes en tiempo real.
En el frente de la inteligencia artificial, la Coalition for Health AI lanzó PULSE este mes, uniendo agencias de salud pública estatales, tribales y locales con empresas tecnológicas. OpenAI y Anthropic están aportando acceso a su tecnología. Akido usa IA para ayudar a equipos de medicina callejera a atender poblaciones de difícil acceso. Jimini Health aplica modelos de IA para salud mental que extienden la atención entre consultas.
Lo que el mercado puede y lo que no
Houry es cuidadosa en un punto: nada de esto reemplaza al CDC. Los estados no pueden sustituir la vigilancia nacional de enfermedades, los laboratorios de referencia, la investigación federal ni la capacidad de coordinar una respuesta a través de cincuenta estados. Esa advertencia es honesta y necesaria.
Pero los hechos que documenta apuntan en otra dirección: cuando el aparato burocrático federal se paraliza por interferencia política, el sistema no colapsa. Se reorganiza. Los actores que responden más rápido no son los que dependen del presupuesto federal ni de los ciclos electorales. Son los que tienen incentivos para resolver problemas concretos: laboratorios estatales, academias médicas, universidades con socios comerciales, empresas de tecnología.
Para Hemisferio, la lectura es clara. La crisis del CDC no es un argumento para más gasto federal ni para restaurar el viejo modelo centralizado. Es la demostración de que la resiliencia nace de la descentralización, la competencia entre actores y la innovación privada. El principio en juego no es ideológico: es funcional. Las instituciones que sobreviven a la disfunción política son las que no dependen exclusivamente de ella.
