Los cárteles mexicanos encontraron una ruta nueva para hacerse de camionetas de lujo en Estados Unidos y llevarlas después a México. El esquema, descrito por autoridades estadounidenses y por una investigación de Los Angeles Times, combina alquileres fraudulentos, identidades robadas, retrasos para denunciar robos y fallas de coordinación entre ambos lados de la frontera.
El resultado, según las fuentes consultadas, es una operación que ya ha permitido mover miles de vehículos y que solo ha recuperado unos 850 desde 2023. En esa cadena aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, cuyas estructuras terminan beneficiándose de unidades que pueden acabar en enfrentamientos, en manos de sus líderes o convertidas en vehículos modificados para resistir balaceras.
La principal vía de obtención pasa por empresas de alquiler en Estados Unidos. Según la investigación, integrantes del crimen organizado contratan a personas para rentar camionetas de lujo con seguro contra robo por al menos cinco días. Después, las dejan estacionadas con las llaves puestas para que otro colaborador las tome y las cruce a México.
En otros casos, los delincuentes rentan en línea con identidades robadas. Las autoridades citadas por el reporte señalan además que el uso de mascarillas desde la pandemia ayuda a ocultar rostros y a evadir cámaras de seguridad.
La escena lo dice todo. Mientras las agencias de renta activan sus procesos internos, el vehículo ya está en otro país. En varios estados de Estados Unidos, la denuncia del robo debe esperar hasta nueve días para que el auto aparezca en la Base de Datos Nacional de Incidentes Delictivos del FBI. Para entonces, la camioneta puede haber cruzado la frontera.
La demora no termina ahí. El proceso se complica aún más con las autoridades mexicanas, porque pasan varios días antes de que el número de identificación del vehículo aparezca en la base de datos de autos robados de México. Esa combinación de plazos y trámites da ventaja a los criminales para mover las unidades con rapidez.
Kevin Carter, propietario de Collateral Consultants, una empresa de recuperación de autos en Texas, dijo que las agencias ni siquiera siempre se molestan en recuperar los vehículos que desaparecen tras cruzar la frontera y los asumen como «un riesgo calculado». El negocio de renta, así, absorbe pérdidas como si fueran un costo más de operación.
El problema se agrava en estados como California, donde el rastreo GPS solo puede activarse hasta que vence el plazo de devolución. Para ese momento, según el reporte, la mayoría de los vehículos ya está en México. Los estados fronterizos como Texas y California concentran la mayor parte de las pérdidas, aunque también se han reportado casos desde Nueva York.
Funcionarios policiales estadounidenses dijeron que los cárteles roban más vehículos cuando estallan guerras territoriales. Como ejemplo, el reporte menciona la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y «La Mayiza», iniciada en septiembre de 2024 después de la detención de Ismael «El Mayo» Zambada, supuestamente por una traición de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Algunas camionetas son modificadas como autos «monstruo», con blindaje artesanal para sobrevivir a enfrentamientos. El CJNG, según el reporte, usaría esos vehículos en choques en Michoacán y Chiapas, además de luchas en plazas de Baja California.
También hay unidades que terminan reemplacadas en México con ayuda de funcionarios corruptos. En ese circuito, los vehículos se intercambian por cocaína, fentanilo y metanfetamina, que luego terminan en manos de quienes ayudan en el traslado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la frontera no solo está filtrando autos, sino también mostrando cómo la lentitud burocrática se convierte en una ventaja para el crimen organizado. Cuando el aparato estatal tarda más que la red criminal, el mercado ilegal fija las reglas.
La lección es incómoda pero clara. Sin coordinación real, sin registros ágiles y sin consecuencias para quienes facilitan el paso de los vehículos, el costo termina cayendo sobre propietarios, aseguradoras y contribuyentes que financian la respuesta pública. Mientras tanto, los cárteles convierten la burocracia en combustible para su negocio.
