Para entender el presente hay que volver a esa semana de diciembre de 1972. El terremoto que destruyó el centro de Managua —el 75 % de sus viviendas y edificios, más de diez mil muertos y casi veinte mil heridos según las cifras que circularon entonces— no solo enterró una ciudad. Enterró también la legitimidad del somocismo. La dictadura iniciada en 1937 por Anastasio Somoza García, y continuada por sus hijos Luis y luego Anastasio Somoza Debayle, se mostró al mundo en su peor versión cuando el último de ellos tomó el control del reparto de la ayuda internacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional recogió esa indignación y llegó al poder en 1979.
La promesa era la transformación. Campañas de alfabetización que llevaron a jóvenes urbanos al campo, programas de vacunación, reducción de la brecha entre el mundo rural y el urbano. Los detalles cuentan la historia: había una épica genuina en ese primer ciclo. Pero las épicas tienen fecha de vencimiento.
En 1990, tras una negociación de paz, Nicaragua celebró elecciones libres. Violeta Barrios de Chamorro ganó con el 54 % de los votos al frente de la Unión Nacional Opositora. La derrota sandinista fue reconocida por Ortega con lo que la escritora y exmilitante sandinista Gioconda Belli describió como «el mejor discurso de su vida». Horas después, sin embargo, el caudillo anunció: «Vamos a gobernar desde abajo». Según Belli, ese viraje marcó el inicio de una estrategia deliberada para socavar al nuevo gobierno y reintroducir la violencia como herramienta política.
El período entre 1990 y 2007 fue de democratización incompleta. Se eliminó la censura a la prensa, se revirtieron expropiaciones sandinistas y avanzó la apertura política. Pero también desaparecieron programas sociales y la enseñanza básica gratuita. El analfabetismo subió del 13 al 22 % en ese lapso, según el reporte difundido por DW Español. La derecha se desgastó. La presidencia de Arnoldo Alemán, a quien Belli calificó de «tipo nefasto» y vinculó con una «orgía de corrupción», terminó de fragmentar a la oposición. Ortega regresó al poder en las presidenciales de 2006.
Desde 2007, el proceso fue metódico. Según la información recogida por DW Español, Ortega fue atrayendo a diputados de la Asamblea Nacional mediante sobornos o amenazas, desactivó el Poder Legislativo, reemplazó a jueces que lo desafiaban y sometió al Consejo Supremo Electoral. Cuando la Constitución le impedía presentarse de nuevo, la impugnó. Podía hacerlo porque ya controlaba el organismo electoral y había colocado a sus leales en cada posición decisiva.
El financiamiento llegó desde Caracas. El gobierno de Hugo Chávez suministró petróleo barato que Managua revendía a precio de mercado, lo que permitió restablecer programas sociales y comprar paz política. Cuando la crisis venezolana se agravó desde 2014 y ese flujo se redujo, las finanzas públicas nicaragüenses entraron en problemas.
La escena lo dice todo. En 2018, el régimen elevó las contribuciones al Seguro Social e impuso un gravamen del 5 % sobre las pensiones de jubilación. Jubilados y jóvenes salieron a la calle. Grupos vinculados a la Juventud Sandinista los agredieron con palos y piedras. Las imágenes se difundieron por teléfonos móviles. Una historiadora citada en el reportaje contó que vio en Managua a estudiantes que salían a protestar aun sabiendo el riesgo que corrían, y advirtió una comparación creciente entre Ortega y Somoza: como si una nueva generación se pensara a sí misma luchando contra una dictadura familiar, igual que sus abuelos.
La represión no se detuvo. Nicaragua se convirtió, según la publicación Confidencial Digital citada en el reporte, en el único Estado soberano con dos presidentes: Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder en tándem. Los antiguos aliados sandinistas fueron perseguidos. Los disidentes, exiliados, encarcelados o despojados de su nacionalidad. Belli lo describió sin rodeos: «Nos han mandado al exilio, nos han quitado la nacionalidad, nos han confiscado todo, nuestras casas, hasta la pensión de jubilación». Y añadió que en el país existen «detenciones ilegales, sin ninguna presencia de la ley, sin debido proceso».
Mientras tanto, el aparato estatal gestionó el territorio como un activo privado. En octubre de 2025, la pareja presidencial entregó 62 mil hectáreas adicionales a la empresa china Thomas Metal, que ya operaba casi 200 mil hectáreas para extracción minera. Otras ocho firmas chinas recibieron concesiones sobre más de 565 mil hectáreas en el Pacífico Norte y el Caribe, según Confidencial Digital.
Lo que Nicaragua ilustra es el ciclo clásico del caudillismo latinoamericano con una variante matrimonial: la revolución como coartada, el Estado como patrimonio familiar y la represión como método de conservación. El libre mercado, la propiedad privada y el debido proceso no son abstracciones ideológicas; son exactamente las instituciones que un régimen como el de Ortega necesita destruir para sobrevivir. Cada hectárea entregada a una empresa extranjera a espaldas de la ciudadanía, cada pensión confiscada, cada pasaporte retirado es una transacción que el régimen hace con los recursos de los nicaragüenses. La pregunta que la región debería hacerse no es cómo llegó Ortega hasta aquí. Es cuántos otros están siguiendo el mismo manual.
