La escena lo dice todo. El martes en la tarde, con la megarreforma tributaria técnicamente atascada en un solo artículo, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, cruzó el pasillo hacia la oficina del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. No fue una visita de cortesía: fue la misión que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, le encomendó para destrabar un proyecto que él mismo considera urgente.
Al encuentro se sumaron diputados, coordinadores de bancadas del oficialismo y otros funcionarios de la Segpres. El diagnóstico era compartido: la tramitación se prolongará inevitablemente a una comisión mixta y, después, a un paquete de vetos presidenciales que buscan corregir o eliminar normas que no satisficieron al Ejecutivo. La pregunta ya no era si habría mixta, sino cuándo y con quiénes.
El artículo que lo detuvo todo
Lo que dejó en vilo a la megarreforma fue un único artículo relacionado con la compensación de fondos municipales. Un detalle que, en la lógica parlamentaria, bastó para activar el mecanismo de comisión mixta y reabrir la negociación entre Cámara y Senado.
El martes, Alessandri ya había intentado presentar una propuesta de integración para esa comisión. El resultado fue contundente: 100 votos en contra. Las razones fueron diversas y reveladoras. Los socialistas, a pesar de haber ganado un cupo, buscaban ganar tiempo. El Partido de la Gente reclamaba haber quedado fuera. Los republicanos se opusieron ante el riesgo de que el asiento socialista fuera ocupado por el diputado Daniel Manouchehri.
Un solo nombre alcanzó para sumar resistencias de tres sectores distintos. Los detalles cuentan la historia.
El cronograma de Quiroz
Este miércoles, Alessandri presentará una nueva propuesta de integración. La gran incógnita es si incluirá un cupo para el PS o se lo cederá al PDG. Si la Cámara despeja esa votación, el oficialismo y el gobierno acordaron —en la reunión del martes— convocar la comisión mixta a las 15 horas, bajo la presidencia del senador Javier Macaya, con el objetivo de evacuar un informe que sea votado en la sala de la Cámara esa misma tarde.
Los diputados ya están convocados para una sesión especial a las 17.30 horas, destinada a dos proyectos distintos: uno para saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas y ampliar el subsidio eléctrico, y otro para simplificar las patentes mineras. En ese mismo espacio podrían ser obligados a votar el informe final de la megarreforma, dada su urgencia de discusión inmediata.
Paralelamente, ya hay conversaciones para que la Sala del Senado sea citada en forma excepcional cerca de las 20 horas del miércoles, con el fin de despachar la iniciativa esa misma noche. Si la Cámara demora el envío del oficio, la sesión senatorial se trasladaría al jueves.
Según parlamentarios de la alianza gubernamental, la apuesta de Quiroz es que al menos esta etapa legislativa quede cerrada esta semana. El debate de los vetos presidenciales quedaría para agosto.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Quiroz no oculta su motivación: cerrar cuanto antes la incertidumbre económica que genera un proyecto tributario de esta magnitud sin fecha de despacho. Cada jornada adicional de tramitación es una señal que los mercados leen, que los inversionistas procesan y que el aparato productivo descuenta en sus decisiones.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la urgencia del ministro es comprensible en su diagnóstico, pero el método expone una contradicción de fondo. Una reforma de este calado —que involucra impuestos a las empresas, compensaciones municipales y vetos presidenciales aún por definir— se está negociando a contrarreloj, en reuniones a puerta cerrada, con un cronograma dictado desde Hacienda. El resultado es un proceso legislativo que prioriza la velocidad sobre la deliberación y que deja los ajustes más sustantivos para los vetos de agosto, es decir, para cuando el debate público ya habrá perdido intensidad.
La libre empresa y los contribuyentes merecen saber con exactitud qué normas sobrevivirán y cuáles serán eliminadas por decreto ejecutivo. Esa claridad no llegará esta semana.
